Salta: Rechazo a multa a trabajador de prensa

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) rechaza la multa impuesta un trabajador de prensa por parte del intendente de la localidad saltenaña de Pichanla, Sebastián Domínguez, con motivo de publicaciones que el jefe comunal consideró falsas respecto del COVID-19.

Cabe señalar que, al respecto, Raúl Gonzalo Quilodrán -director del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y ex funcionario salteño- expresó que «con el tema COVID-19 a nivel nacional se sacó una reglamentación clara donde se pide chequear de fuentes oficiales la información difundida. No hablamos de medidas punitivas.Coincido con el Sindicato de Prensa de Salta que no hay tipificación de delito alguno, no sé cuál será el argumento en el que se basa el Concejo Deliberante para hacer eso. Si bien estoy en contra de la información falsa, el periodista tiene la posibilidad de retractarse respecto a la información sin tener que pagar una multa punitoria que no existe».

A continuación reproducimos el comunicado de nuestra filial, el Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal), en el que se detalla lo sucedido:

El Sindicato de Prensa de Salta manifiesta su preocupación ante la decisión del intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, de multar a un periodista por considerar que publicó información falsa. De la misma manera, considera que la ordenanza municipal que habilitó al jefe comunal a aplicar esta sanción constituye un peligroso precedente para las libertades de prensa y de expresión.

La ordenanza en cuestión, sancionada el 19 de marzo pasado, castiga «con una multa de $ 20.000 a quienes distribuyan, compartan, hagan circular, generen por cualquier medio o vía de comunicación, ya sea oral, escrita, televisiva, radial, telefónica y otro canal informático, sea cual fuere el medio tecnológico, aparato o utilización de distribución escrita, una información falsa respecto del virus COVID-19, e igual medida será aplicada a aquellos que alteren una publicación oficial».

Consideramos que la norma da a lugar a abritrariedades y allana el terreno para el disciplinamiento de trabajadores de prensa y de ciudadanos en general que pudiera expresarse críticamente frente a los gobiernos de turno.

Entendemos que es un atropello y exhortamos al intendente a rever su decisión sancionatoria, al Concejo Deliberante de Pichanal a derogar el mencionado artículo de esta ordenanza, y al Poder Judicial a pronunciarse sobre la legalidad y/o constitucionalidad de esa disposición.

Además, solicitamos intervenir en este hecho para garantizar la libertad de expresión de los trabajadores de prensa.

La Plata: FATPREN repudia la violencia laboral y de género en Radio FM Cool

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudia la violencia laboral y de género sufrida por la trabajadora de Radio FM Cool por parte de su director, Agustín Raimondo.

Asimismo, FATPREN envía toda la solidaridad a la compañera agredida y seguirá peleando por erradicar las violencias hacia las mujeres, lesbianas, trans y travestis en todos los medios de comunicación (radio, prensa escrita y televisión).

Difundimos el comunicado del Sindicato de Prensa Bonaerense y el Sindicato de Locutores Argentinos seccional La Plata:

Violencia laboral y de género contra trabajadora de Radio Cool

La seccional La Plata del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo) y el Sindicato de Prensa Bonaerense manifiestan su apoyo y solidaridad a la compañera trabajadora de FM Cool que denunció haber sido víctima de violencia laboral y de género por parte del director de la emisora, Agustín Raimondo, un autoproclamado “empresario de medios” que acumula antecedentes de maltrato a los trabajadores e incumplimientos reiterados en materia salarial y de derechos laborales.

Además del reclamo de haberes adeudados, la compañera (cuya identidad se reserva en esta instancia hasta la presentación de la denuncia penal) documentó con audios y capturas de pantalla de mensajes de texto los atropellos patronales, que llegan a la violencia verbal y la intimidación.

Debe además consignarse que con patrocinio legal la compañera precisó que debía no solo locutar, sino hacerse cargo de la operación técnica y confeccionar algunos boletines informativos, en una modalidad multitarea impuesta de manera arbitraria y contraria a la legislación laboral.

Pero por sobre las cuestiones salariales y de servicios resulta realmente grave que bajo el falaz argumento de “yo pongo la plata” (sic) se someta a compañeros y compañeras a maltrato, menosprecio y a la furia y el descontrol verbal por parte de Raimondo.

Ante este cuadro, tanto el Sindicato de Prensa Bonaerense como SALCo presentarán en forma conjunta el reclamo a las autoridades laborales para que se inspeccione esta emisora de modo de constatar la situación de revista de los periodistas, conductores y locutores, sus horarios de trabajo y salarios.

Y en forma simultánea se requerirá la información sobre la Pauta Oficial recibida por Raimondo en violación al artículo 64 de la ley 12.908, que dispone que los organismos públicos de todo nivel no pueden otorgar publicidad oficial pagada a los medios de comunicación que no cumplan con sus obligaciones previsionales, de obra social y registración de sus empleados.

La FATPREN celebra la ampliación de asistencia a trabajadores de medios cooperativos y autogestionados

El Ministerio de Trabajo de la Nación publicó el pasado jueves 18 de Junio en el Boletín Oficial la Resolución 301/2020 a través de la cual amplía el plazo y aumenta el monto a 16.500 pesos de la ayuda económica de emergencia para trabajadoras y trabajadores de unidades productivas autogestionadas.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) celebra la decisión la cual atiende los reclamos de medidas de alivio que realizan los medios cooperativos, autogestionados, populares y comunitarios.

Como Federación acompañamos cada uno de estos reclamos con el objetivo de que las y los trabajadores puedan continuar con su tarea esencial a pesar de la aguda crisis del sector la cual se profundizó con la pandemia.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria el Estado apoyó con distintas disposiciones a empresas y trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos para garantizar las fuentes laborales y evitar cierres.

Sin embargo, los medios de comunicación autogestionados no habían sido incluidos en ninguna de ellas, al igual que el resto de las cooperativas de trabajo del país. Es por ello que celebramos esta disposición, resultado de la lucha de las y los trabajadores del sector.

Seguiremos, como Federación, acompañando cada reclamo que busque sostener la tarea periodística y garantizar el ingreso de cada familia.

En ese sentido, insistimos, en nuestro reclamo por una urgente distribución de la pauta oficial de manera justa, democrática y equitativa, y en el otorgamiento de subsidios, o cualquier otra medida de alivio a los medios autogestionados y populares que atraviesan una gravísima situación económica que, en muchos casos, pone en riesgo su continuidad.

Como Federación de Prensa abogamos para que el Estado Nacional continúe en el camino del justo reconocimiento de la labor periodística con la aplicación de nuevas medidas de apoyo a los trabajadores de medios cooperativos, alternativos y populares quienes a diario realizan un gran esfuerzo por sostener fuentes de empleo y por llegar, en el marco de esta pandemia en su condición de “trabajadores esenciales”, con información vital a sus comunidades en todo el territorio nacional.

FATPREN en Campaña Internacional por la Libertad y Salvoconductos para lxs 7 asiladxs

Este miércoles 17 se llevó a cabo un encuentro virtual, más que una conferencia de prensa, fue una herramienta que suma para develar la vulneración a los derechos más elementales que se viven en el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el golpe de Estado que alojó a Jeanine Añez como presidenta de facto.

Por medio de una ronda de prensa virtual, donde participaron más de 40 medios de prensa acreditados de todo el mundo, y en la cual adhiere y participa FATPREN, se puso en marcha la “Campaña Internacional por la Libertad y Salvoconductos” para los siete funcionarios del Estado boliviano que hallaron asilo en la Embajada de México en La Paz, cuando estalló el violento golpe de Estado, entre el 10 y 11 de noviembre del año pasado.

Entre les participantes estuvo Patricia Moldiz, que es hija y familiar de uno de los asilados que piden el salvoconducto y que brindó un panorama preocupante sobre la situación de “extrema violencia” en Bolivia.

El turno de notables fue para el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni; el periodista, sociólogo y escritor, Atilio Borón; Isabel Rauber, filósofa, escritora y docente de la Universidad Nacional de Lanús, militante de la patria grande; Eduardo Tavani, abogado y politólogo, vicepresidente de la APDH e integrante del Colectivo Mario Bosch abogados y abogadas querellantes en causas de Lesa Humanidad; Gustavo Tissera, integrante de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, presidente de Familiares de detenidos desaparecidos de Córdoba; Lyllan Luque, abogada querellante de juicios de lesa humanidad en Argentina y patrocinante de la familia de Sebastián Moro (periodista asesinado en Bolivia en el contexto del golpe de estado).

Estos intelectuales, juristas, militantes de derechos humanos y familiares se suscriben al lanzamiento de esta campaña, impulsada por diversas instituciones argentinas y del mundo, para exigir al gobierno de facto de Bolivia que otorgue salvoconductos a los funcionarios que trabajaron en la administración del presidente Evo Morales. Son el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el ex ministro de Defensa, Javier Zavaleta; el ex ministro de Gobierno, Hugo Moldiz; el ex ministro de Justicia, Héctor Arce; la ex ministra de Culturas, Wilma Alanoca; el ex gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el ex director de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna”. Todos ellos ingresaron a la residencia de la Embajada mexicana apenas consumado el golpe de Estado en el vecino país el pasado 10 de noviembre de 2019.

Las autoridades de facto del Estado de “No Derecho” boliviano al decir del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni no han seguido las observaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita a Bolivia el 10 de diciembre de 2019, en la que encomienda “Entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no fragmenten sus núcleos familiares”.

“Denunciamos ante el mundo esta gravísima violación a los derechos humanos y exigimos la inmediata entrega de salvoconductos para estas siete personas. Para que puedan salir del país, reencontrarse con sus familias y seres queridos, vivir con dignidad, en libertad y en el efectivo ejercicio de los derechos humanos”, dijo el pronunciamiento de quienes encabezan la campaña.

Las organizaciones son el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba Argentina y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a ALBA- Suiza, Consejo Pro Bolivia Francia, Asamblea de Ciudadanxs Argentinos en Francia (ACAF), Colectivo Wiphala, Casa Nuestra América y Bolivia Solidarity Campaign de Inglaterra.

La Plata: Repudio a las amenazas recibidas por una trabajadora de 0221

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudia las agresiones que realizó la dirigente política de Cambiemos de la localidad de Berisso, Valeria Pereyra, contra la compañera Candela Giustozzi.

Nos solidarizamos con la trabajadora de prensa del diario digital 0221.com.ar y reproducimos el comunicado del Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBo) en el que se detallan los hechos:

El Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo) expresa su repudio a las amenazas e injurias sufridas por la trabajadora Candela Giustozzi, integrante del equipo periodístico del diario digital web de La Plata 0221.com.ar.

La trabajadora fue blanco de injustas acusaciones por parte de la dirigente política de Cambiemos de Berisso, Valeria Pereyra, quien fue denunciada por romper el aislamiento social preventivo y obligatorio al concurrir a una fiesta familiar, actividad vedada en la zona del AMBA.

La mujer, sin sustento alguno, acusó a la compañera de ser la autora de un escrache mediático que dice sufrir quien violó la cuarentena. Por respeto a la trabajadora no se reproducirán las amenazas ni injurias de las que fue víctima.

El medio 0221 lleva más de dos años de actividad profesional. Las autoridades del medio son claramente visibles ya que están publicados en su web los nombres de los editores responsables. Los trabajadores son ajenos a este tipo de circunstancias y en todo caso, las acciones deben ser direccionadas hacia el medio de comunicación.

El Sindicato de Prensa Bonaerense se solidariza con la trabajadora, a la que apoya y se pone a su disposición. Atacar a trabajadores de Prensa es atacar la libertad de expresión, hecho que lesiona las bases republicanas de nuestro país.

Reunión con concejales por la Publicidad Oficial

El pasado viernes 12 de junio, en la sala del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, se realizó una reunión en la que dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste del Chubut (STPOCh) -filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)- expusieron el proyecto de Ordenanza para la Regulación de la Publicidad Oficial del municipio.

Cabe destacar que de la reunión participaron los concejales María Martínez (Frente Vecinal Esquel), Juan Devetak (Frente Patriótico), Hernán Alonso y Valeria Sauders (Chubut al Frente) y en representación del oficialismo María Eugenia Estefanía y Rubén Álvarez (Cambiemos) y que ésta es la segunda oportunidad en que el Sindicato de Prensa lleva adelante la acción. El proyecto fue presentado en 2018 y actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda desde donde se continuará con su análisis.

Jorge Naon y Eva Herrera -Secretario General y Secretaria General Adjunta del STPOCh, respectivamente- explicaron los objetivos y alcances de la futura normativa, respondieron consultas y tomaron nota de las sugerencias realizadas por los ediles quienes expresaron su intención de avanzar en el análisis del proyecto que fuera redactado por los integrantes de la Comisión Directiva de la organización sindical junto a sus afiliados, en el marco de una asamblea general.

Solicitada: Repudio al espionaje sobre Trabajadores de Prensa

Este domingo 14 de junio, con el apoyo de más de 200 firmas, publicamos en los diarios Tiempo Argentino y El Ciudadano una solicitada en repudio al espionaje sobre trabajadores de prensa.

Además del repudio, reclamamos que se brinde toda la información correspondiente, que se conozca a los responsables materiales y políticos del espionaje ilegal, los fines que motivaron el mismo y el uso que se le dio.

En particular, el espionaje a los periodistas puso la lupa en su participación sindical (más de 100 son afiliados al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y al Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) y otros dos al Sindicato de Prensa Rosario (SPR), algunos de ellos delegados y dirigentes).

Agradecemos la amplia solidaridad de las organizaciones, entre las que se encuentran la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, Camioneros, Federación Aceitera, CTERA, entre las más de 200 firmas.

Santa Fe: Respaldo al reclamo de lxs trabajadorxs de El Litoral

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expresa su solidaridad con lxs trabajadorxs del diario El Litoral de Santa Fe y, junto a la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF), acompaña su lucha en reclamo de los incumplimientos salariales de la patronal.

Frente a las actitudes de la empresa, la APSF declaró el estado de alerta a partir de las consideraciones que se describen en el siguiente comunicado:

La Asociación de Prensa de Santa Fe ha declarado el estado de alerta ante la falta de pago del 50% de los salarios de los trabajadores de El Litoral.

La APSF, luego de esperar paciente e infructuosamente que se cumpla con la obligación empresarial, ha decidido tomar esta primera medida ante la falta de pago en tiempo y forma de los salarios de mayo.

El Estado Nacional ha cubierto en la fecha la mitad de los haberes de los trabajadores y trabajadoras del diario El Litoral y CyD correspondientes a mayo y ha notificado hoy el rechazo del 50% de los de abril que, afirma la empresa, había sido habilitado e iba a utilizarse para completar los haberes de este mes.

Ante la situación de incertidumbre, preocupación y carencias económicas graves que sufren los trabajadores, esta asociación advierte que urge una solución para que no se altere la paz social.

El grupo El Litoral controla la empresa Arcadia, el sitio web ellitoral.com, el canal Cable y Diario, el diario Mirador Provincial y cuenta con inversiones en otros medios de comunicación de la ciudad de Santa Fe, de Paraná y de Rosario. Es dueño -al igual que el grupo Clarín- del 50% de la planta impresora AGL ubicada en Sauce Viejo, entre otras actividades.

Las empresas El Litoral, Plural y CyD adeudan además distintos montos a los empleados, que fueron dispuestos por sucesivos decretos del gobierno nacional, además de cuantiosos aportes patronales y sindicales.

Desde hace 3 años, la empresa El Litoral ha dejado de abonar el Día del Periodista a sus trabajadores de prensa, luego de no menos de medio siglo de cumplir con ese pago. Se suma a esto el pago en cuotas de aguinaldos anteriores y también en dos veces el sueldo del mes pasado.

La APSF ha denunciado cada uno de esos incumplimientos respecto de la ley de trabajo y al convenio colectivo de trabajo vigentes a las autoridades laborales en el orden nacional y provincial. Ha mantenido numerosas reuniones con la empresa en busca del diálogo superador, sin resultados.

Los trabajadores y trabajadores de prensa hemos sido considerados esenciales para seguir desarrollando nuestra tarea durante la pandemia. Le hemos puesto el cuerpo arriesgando la salud propia y las de nuestras familias, sin embargo tenemos que soportar ahora que no se cumpla con el pago de nuestros salarios, pese a la importante ayuda del Estado nacional.

Ante esto, reiteramos el estado de alerta e instamos a la empresa a cumplir con urgencia con el pago de salarios y demás deudas con los trabajadores y trabajadores de la misma.

Corrientes: Nuevo acto de hostigamiento de la intendenta de San Isidro a una periodista

El domingo y lunes pasados la colega de la localidad correntina de San Isidro Gladis Pekar fue hostigada en tres oportunidades por Gendarmería Nacional, Policía Federal y agentes municipales. En cada ocasión, la justificación de los uniformados fue la misma: seguían órdenes de la intendenta Vilma Ojeda.

La misma funcionaria ya había intentado imponer mediante una resolución cuál era el contenido que los medios locales debían informar sobre el municipio, con amenazas de multas a los periodistas y propietarios de medios que no divulgaran sus comunicados.

Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), repudiamos la persecución y la censura de periodistas, exigimos el libre ejercicio de nuestra profesión y sostenemos la defensa irrestricta de la libertad de expresión.

Click aquí para ver el comunicado de la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC).

FATPREN y ARGRA repudian el espionaje macrista de la AFI contra periodistas

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) expresan su repudio al espionaje realizado contra periodistas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Según la denuncia realizada por la actual titular de la AFI Cristina Caamaño el organismo de inteligencia realizó operaciones de espionaje prohibidas expresamente por la legislación argentina contra 403 trabajadorxs de prensa de diferentes medios de todo el país en ocasión de la pasada cumbre del G20. Esta se agrega a la existencia de otra denuncia anterior que también involucra a periodistas e importantes dirigentes políticos y referentes sociales victimas de espionaje, seguimientos y escuchas ilegales realizadas por la AFI durante el gobierno anterior.

Este ataque al libre ejercicio del trabajo periodístico se dio en un contexto brutal para nuestra tarea. Durante el gobierno nacional anterior, ahora acusado de espiar a nuestros compañeros, al menos medio centenar de trabajadoras y trabajadores de prensa recibieron balas de goma, golpes y gases mientras realizaban la cobertura de diferentes marchas y movilizaciones. Una veintena fue detenida sin justificación alguna. Sufrimos también la pérdida de unos 4.500 puestos laborales y la persecución y el hostigamiento a les trabajadores de los medios públicos.
Exigimos a la Justicia un pronto esclarecimiento del hecho y el castigo a los responsables de este nuevo atropello.

En los próximos días solicitaremos acceso a toda la información respecto de esta grave situación. Exigimos que los responsables de estos hechos sean sancionados por la justicia. Nos ponemos a disposición de todxs lxs trabajadorxs de prensa afectados para acompañarlos en las acciones que sean necesarias.