Montevideo: Se denunció ante la CIDH los ataques a la prensa en Argentina

Este martes 24 de octubre, en Montevideo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) -filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)- estuvo presente en la apertura del 165º Período de Sesiones Ordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que denunció los ataques sufridos por la prensa en los últimos años frente al órgano que analiza la violación a los derechos humanos laborales.

La presentación se realizó junto a representantes del CELS, la Asociación de Abogados Laboralistas, las dos Centrales de los Trabajadores Argentinos y otros sindicatos como Aceiteros, ATE y FOETRA.

La delegación de la organización sindical de prensa estuvo integrada por Carla Gaudensi, Secretaria de Acción Social y delegada de la agencia pública de noticias Télam; Santiago Magrone, Secretario de Relaciones Sindicales y delegado de la agencia DyN; Tomás Eliaschev, Secretario de Derechos Humanos; Mariano Suárez, delegado de la agencia Télam; acompañados por los asesores legales del sindicato León Piasek, Guillermo Gianibelli y María Alicia Calvinho.

En la reunión, el Estado Nacional estuvo representado por el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y también se hizo mención de la criminalización de la protesta social durante el gobierno de Mauricio Macri.

Frente a las autoridades de la CIDH, se presentó un documento en el que se describe la situación y la compañera Carla Gaudenssi intervino cuando ellas realizaron preguntas puntuales sobre los hechos de represión policial.

En ese material, que refleja la persecución en general contra los derechos laborales y sindicales, la delegación del SiPreBa incluyó un capítulo específico sobre la temática de prensa que aquí se reproduce:

Los ataques a la prensa. Una mirada desde los derechos humanos

(..) En el campo específico de la actividad periodística, área sensible que fue objeto de numerosos pronunciamientos por parte de la Comisión y la Corte Interamericanas, las violaciones a los derechos humanos laborales han alcanzado dos esferas: por un lado, como en otros sectores, el ámbito de la representación de los trabajadores y, por otro, la afectación del desarrollo de la misma actividad a través de mecanismos indirectos de censura explícitamente prohibidos por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el primer caso, resulta notorio el proceso de criminalización de la representación sindical que se consumó con los delegados y trabajadores de editorial Perfil S.A. -una de las empresas líderes de la industria-, ya que sus delegados gremiales serán sometidos, desde el 30/10/2017, a un juicio oral de naturaleza penal en el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 12 por haber realizado un paro de actividades en un conflicto en el que trece trabajadores de prensa fueron despedidos, incluyendo a la totalidad de la Junta Electoral de los comicios internos ([1]). En un mismo sentido, en la provincia de Mendoza, se persiguió penalmente y en el fuero laboral y se obtuvo el desafuero de los delegados sindicales del Diario Uno por encabezar una protesta ante cuatro despidos operados en 2013 ([2]) y cuya sustanciación judicial finalizó este año.

El accionar represivo sobre la prensa se reflejó también, durante este período de gobierno, en el ataque de patotas -con complicidad policial- dentro de la redacción del diario Tiempo Argentino y Radio América -ingresaron y arrasaron con los elementos de trabajo-, al mismo tiempo que se perpetraron numerosos actos de represión a la prensa en las coberturas periodísticas sociales (caso Santiago Maldonado, Encuentro Nacional de Mujeres, entre tantos casos) que derivó, incluso, en la sanción unilateral de un protocolo para las fuerzas de seguridad sobre su actuación en las manifestaciones públicas que limita -en forma irrazonable e ilegal- las posibilidades de actuación de la prensa en la calle.

Asimismo, el gobierno ha utilizado la distribución de la publicidad oficial como mecanismo disciplinador de la prensa, lesionando, al mismo tiempo, las fuentes laborales y su representación, como también la libertad de expresión de medios que considera opositores. Es proverbial que, en virtud del art. 13 del Pacto, “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de los controles oficiales o particulares del papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas (…)”.

En el diario Página 12, los más de 250 trabajadores padecen una situación producto de la asfixia del gobierno a través del retiro de publicidad oficial con el riesgo de que el medio -de importante tradición en la Argentina- deba dejar de circular, lo mismo sucede en los medios del Grupo Indalo, como Ámbito Financiero en donde también las víctimas no son los empresarios sino los trabajadores. De igual forma, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que en la agencia de noticias y publicitaria Télam -la empresa pública destinada a intermediar en la pauta publicitaria- existe la voluntad oficial de eliminar el sector publicitario de la agencia y, con ello, la supresión de los controles sobre la equidad y transparencia de la pauta, facilitando el manejo discrecional, silenciando voces y afectando el funcionamiento laboral de los medios de comunicación. La denuncia fue reflejada en una Audiencia Pública propulsada por la Comisión Gremial Interna de la agencia y realizada el 7/11/2017 en el Congreso de la Nación con la participación de todos los bloques parlamentarios.

La Corte Interamericana ha afirmado que el art. 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos impone a los Estados una obligación de garantía que se ha incumplido. Así, por caso, en la Opinión Consultiva OC 5-8 del 13/11/1985 Serie A. Nro. 5, párr. 55, se ha precisado que esa “obligación de garantía” rige “aun en el ámbito de las relaciones entre particulares, pues no sólo abarca las restricciones gubernamentales indirectas sino también ‘controles’ (…) de particulares que produzcan el mismo resultado”.

[1] Los acusados son Rubén Schofrin (además secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires), Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Veláquez y José Luis Quartana.

[2] Acusaron penalmente a Luciano Grenon (delegado de Diario UNO y Secretario de Acción Social del Sindicato de Prensa de Mendoza), Maximiliano Rios (delegado de Diario Uno y actual Vocal del Sindicato), Miguel Alejandro Iademarco (delegado normalizador y actual Secretario Adjunto de la FAPTEN) y Manuel Molina (delegado y miembro de Comisión Directiva del Sindicato de Gráficos).

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