Sobre la megafusión Cablevisión – Telecom

Luego de la fusión autorizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de las empresas Cablevisión y Telecom, ANCCOM (Agencia de Noticias Ciencias de la Comunicación – Universidad de Buenos Aires) publicó la nota realizada por Gisele Olmedo que reproducimos a continuación:

A una voz

Tras la megafusión de Cablevisión y Telecom, una sola empresa controlará el 42 % de la telefonía fija, el 34 % de la móvil, el 56 % de las conexiones fijas de Internet, el 35 % de la conectividad móvil y el 45 % de la TV paga. Diversos especialistas analizan el nuevo mapa comunicacional argentino.

El pasado viernes 29 de junio se conoció el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que determinó la legalidad de la fusión entre la operadora de cable Cablevisión, perteneciente casi en su totalidad al Grupo Clarín, y la empresa multinacional de telefonía Telecom. ANCCOM dialogó con expertos en política comunicacional para dilucidar las consecuencias de esta operación.

“Esta megafusión consolida a la tercera empresa más importante del país en volumen de facturación, y la primera en su rubro, que además tiene posiciones dominantes en cuatro servicios: televisión por cable, telefonía fija, telefonía móvil y conexión a banda ancha de Internet”, explica Diego Rossi, profesor adjunto de la cátedra Políticas y Planificación de la Comunicación de la UBA y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Así, “Cablevisión Holding controlará el 42% del mercado de telefonía fija en el país, 34% de telefonía móvil, 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, 35% de la conectividad móvil (con posiciones monopólicas en muchas ciudades del centro y norte del país) y el 45% de la TV de pago”, precisa Luis Lazzaro, docente de Derecho de la Comunicación y la Información de la Universidad Nacional de Moreno y de la UNDAV.

Si bien el fallo de la CNDC establece limitaciones a la operación de fusión para que se “garantice el cuidado de los derechos del consumidor” y se “promuevan las inversiones y el desarrollo tecnológico del sector”, para Lazzaro “no es cierto que la medida fomente la competencia, como pretendió justificar el presidente Mauricio Macri”. La posibilidad que tiene la empresa fusionada de ofrecer una modalidad de servicio cuádruple play “desalienta a nuevos competidores que encontrarán un prestador concentrado y con ventajas competitivas, y perjudica más a quienes no tienen espectro para prestar telefonía móvil, o tienen unidades de negocios más pequeñas que no les permite acceder a crédito o invertir de la misma manera”, asegura Rossi.

Para la docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y secretaria del Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, Mónica Baeza, una de las conductas de que implica la concentración mediática se manifiesta en materia de costos y tarifas: “Al ser un solo grupo el que controla todo, también va a controlar los costos que se van a trasladar a los usuarios del servicio”. Al respecto, Rossi detalla que la falta de regulación del valor de los abonos lleva a una distorsión de precios: “Fibertel, en abril de 2018 para el mismo servicio de TV por cable más Internet cobraba precios que oscilaban entre $684 en Santa Rosa y Toay (La Pampa) y $1666 en Villa María o Río Cuarto, Córdoba”. Además, agrega que estas prácticas son contrarias a la Ley 27078, conocida como Argentina Digital, que en su Artículo 48 establece que “los precios deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.

Los efectos de la concentración empresarial son múltiples pero los especialistas coinciden en que la fusión por absorción de las dos compañías pone en riesgo la diversidad de información. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, sostiene que esta fusión “habla de un nuevo mapa de la comunicación en Argentina que claramente es una afrenta al derecho a la comunicación y a la democracia de las comunicaciones porque deja concentrada en manos de los sectores privados la administración de la palabra en el país. En este caso, el negocio está concentrado en el Grupo Clarín”. Para Lazzaro, la primera víctima de la concentración es la información: “A mayor concentración de los dispositivos convergentes menor será la circulación de voces y opiniones diversas. Por lo tanto, la previsible manipulación de contenidos en las redes audiovisuales y digitales afectarán en primer lugar a los ciudadanos y a la democracia misma como sistema político en que las ideas deben circular con libertad y confrontarse”.

En la misma línea, Baeza añade que esta fusión afecta las condiciones laborales de los trabajadores de prensa. Por eso hay que leerla a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo en el país: “En los últimos dos años tuvimos muchos cierres de medios comunicación en las provincias del interior, y por lo tanto pérdidas de fuentes de trabajo”. De acuerdo con la dirigente comodorense, esto no es casual, “sino que es parte de este proceso de concentración en el que solamente se van a escuchar algunas voces y en el que se elimina la responsabilidad del Estado, en materia de regulación de esos negocios y en torno a garantizar el derecho a la comunicación de todos”. En este sentido, para Rossi “está claro que los cambios en las grillas de programación y el incumplimiento de cuotas de pantalla y producción de películas y series nacionales, avaladas por el actual Gobierno, también ponen en riesgo la diversidad cultural y el pluralismo informativo”.

Por otra parte, Villamayor asevera que, en materia de comunicación, “el rol del Estado según el gobierno de Mauricio Macri y de la alianza Cambiemos es un rol ‘gendarme’, un rol que garantiza la potencia de la concentración mediática. ‘Gendarme’ porque dispone todas las políticas y el marco jurídico para favorecer el crecimiento económico solo del sector privado y reduce al Estado a velar porque esto sea así”. De igual modo, Baeza considera que “nos están debiendo a la sociedad un debate con respecto a este tema, un marco regulatorio y sobre todo acciones de control, ausentes en las políticas de medios desarrolladas en estos dos últimos años”.

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