La Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) hizo público su repudio a la censura y todo intento de impedir que los ciudadanos puedan gozar del derecho a la información que, por supuesto, aporta en favor de la transparencia, principalmente de los organismos públicos, ante lo manifestado por las autoridades del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, quienes expresamente dijeron que “no van a dar información a la prensa”.
En un comunicado, la APC fijó su postura, la que es acompañada en todos sus términos por la FATPREN:
“Es por ello que la APC manifiesta que se trata de un nuevo acto de intolerancia, protagonizado por autoridades públicas que desprecian los valores democráticos de la libertad de expresión y el derecho a la información y cuestiona esta acción de decidir qué contar y qué no y peor aún, a quién.
Asimismo, repudia a toda autoridad pública que desempeñe sus funciones en contra de esas garantías constitucionales, destinado a silenciar las voces disidentes en la prensa correntina, y privar paralelamente a la ciudadanía de la posibilidad de informarse sobre los actos de sus gobernantes, los cumplan o no, en su específica función administrativa.
Estas son prácticas que hemos vivido en el pasado reciente de nuestra provincia y pretendemos que definitivamente sean erradicadas del propio Estado Provincial y de todos los organismos que le dependan.
Esta tentativa contra la libertad de expresión y el derecho de toda la sociedad de acceder a la información no tiene que ser parte de las prácticas políticas y por el contrario deben clarificar sus acciones y situaciones que los vinculen en su desempeño como funcionarios públicos.
La Asociación de Periodistas expresa por último, que es necesario respetar a la profesión y ser tolerantes cuando, en función periodística, se difunden información o comentarios sobre determinados temas que pueden no ser complacientes con algunos, pero que ayudan a sostener nuestra democracia, a la que todos tenemos la obligación de consolidar”.
24-09-2010