El Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca ordenó que la Justicia investigue los posibles “delitos de acción pública” que pudieran haber cometido los directivos del diario La Nueva Provincia durante la última dictadura cívico militar.
Así lo dispuso en el fallo que la pasada semana condenara a 14 represores por delitos de lesa humanidad, en el ámbito del ex V Cuerpo de Ejército.
Los directivos del medio serán investigados en relación a la publicación de información falseada sobre enfrentamientos armados que encubrían fusilamientos llevados a cabo por las fuerzas militares.
El medio fue dirigido hasta 2009 por Diana Julio de Massot, y desde entonces por su hijo Vicente que durante la dictadura también era parte de la conducción del mismo.
Los responsables de La Nueva Provincia también son investigados por los asesinatos de dos ex delegados de los trabajadores del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, quienes fueron secuestrados, torturados y ejecutados en 1976.
Estas investigaciones se suman a la causa que se les sigue a directivos de los diarios Clarín y La Nación por la transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa, que pertenecía a la familia Graiver.
De esta manera se avanza sobre el entramado mediático que contribuyó a sostener a la última dictadura genocida y establecer la complicidad que diferentes sectores civiles tuvieron con la comisión de delitos de lesa humanidad.
Esos grupos mediáticos son quienes continúan en su rol de voceros de los grandes intereses económicos concentrados y actúan día a día en contra de los avances de los sectores populares.
La FATPREN expresa su total respaldo a los distintos estamentos de la Justicia que buscan desenmascarar a los cómplices de los crímenes genocidas, perpetrados contra miles de compatriotas y, entre ellos, contra más de cien trabajadores de prensa.
17-09-2012
