La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa FATPREN) expresa su más enérgico repudio a la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley Nº 26.734) en contra de la actividad periodística y rechaza la imputación realizada recientemente por la Justicia Federal contra el editor del diario digital “Ultima Hora” de Santiago del Estero, Juan Pablo Suárez.
La FATPREN reitera su compromiso en la defensa de la Libertad de Expresión como derecho humano fundamental y advierte a los poderes políticos que no deben permitir la utilización indebida de las leyes para amordazar, silenciar y perseguir al periodismo.
Juan Pablo Suárez fue detenido en Santiago del Estero el 9 de diciembre de 2013, luego de difundir una filmación sobre la violenta detención del policía Nelson Villagrán, que reclamaba un incremento salarial y fue salvajemente castigado por fuerzas de seguridad mientras el periodista lo entrevistaba. Minutos después de subir el material a la web, medio centenar de efectivos policiales allanó las oficinas de “Ultima Hora”, secuestró sus equipos y detuvo al periodista sin orden judicial. Suárez permaneció diez días alojado en un calabozo, acusado de “sedición y atentado contra el Poder Ejecutivo Provincial”.
Luego de su liberación, la causa judicial pasó a la Justicia Federal. Hace unos días, el fiscal Pedro Simón presentó la acusación ante el juez como una violación a la Ley Antiterrorista e imputó al periodista por “Incitación a la violencia colectiva (art. 212, C.P.), agravado por la Finalidad de Aterrorizar a la Población (art. 41 quinquies C.P.)”, figura contemplada en esa norma.
Desde la FATPREN advertimos que el mismo artículo invocado para la acusación (41 quinquies) exceptúa a la actividad periodística de su aplicación. En su párrafo final, ese texto agrega: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. El ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, con garantía constitucional específica, y la ley no puede ser utilizada para evitar que las personas se expresen por los medios de comunicación, ni para silenciar voces y censurar opiniones.
La FATPREN considera que la situación derivada de esta acusación es sumamente grave y peligrosa, por cuanto significa lisa y llanamente aplicar una legislación penal con el único fin de silenciar el trabajo de la prensa. Recordamos que la actividad periodística en nuestro país fue despenalizada por el Congreso de la Nación, luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que resulta inconstitucional demandar penalmente a trabajadores de prensa por cuestiones derivadas de su trabajo profesional. Por eso, y en atención al estado de derecho imperante, exigimos a la justicia que anule la imputación del fiscal, por resultar a todas luces inconstitucional y violatoria de la libertad de expresión.
13-05-2014
