La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la práctica desleal ejercida por los subsecretarios de Legal y Técnica, Pedro Miró (a cargo de la Secretaría General de la Gobernación) y de Políticas Comunicacionales de la provincia del Chaco, Gabriela Sosa, a quienes hace tres meses se les solicitó audiencia para tratar la problemática del sector, sin obtener una respuesta favorable hasta la fecha.
“Queremos recordarles a los subsecretarios que están violando la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que considera práctica desleal a la obstrucción o dilatación del proceso de negociación con la asociación sindical”, señaló el secretario adjunto de ATE, Mario Bustamante.
Hace tres meses, el sindicato solicitó formalmente pedido de audiencia a Miró para continuar la negociación iniciada con el ex secretario General de la Gobernación, Julio Sotelo. El pedido fue respondido por la subsecretaria Sosa quien solicitó el temario a tratar. “El 13 de junio entregamos formalmente el temario a tratar y desde entonces esperamos que nos conceda una audiencia”, remarcó Bustamante.
Uno de los temas más preocupantes es el de los trabajadores precarizados con contratos mensuales en concepto de pautas publicitarias a través de Fiduciaria del Norte S. A. Se trata de tres periodistas y una diseñadora gráfica (esta última con una beba de seis meses sin cobertura social) que están trabajando en la Dirección de Prensa desde hace más de cuatro años en condiciones totalmente irregulares.
“Trabajan periódicamente en la Dirección de Prensa, cumpliendo las mismas órdenes, horarios, funciones y a la par de los compañeros que están en planta, pero sin los mismos derechos, sin estabilidad laboral, aportes ni obra social”, advirtió.
Otros temas que hacen a la problemática del sector, que venían siendo trabajados con Sotelo, son el reconocimiento de la labor periodística, la creación de una estructura orgánica que garantice cargos y carrera en área, el pago de bonificaciones (por título, feriados, fines de semana y horario nocturno) tal como lo estipula la Ley 2.017, del estatuto del empleado público.
Por ello, ATE apela a la voluntad y al buen criterio de los funcionarios de Gobierno para conceder una audiencia y trabajar en la regularización de la situación de los trabajadores. “La situación de revista no define al trabajador ni a su función sino al empleador, y en este caso, siendo el Estado, el mismo que debe bregar por el cumplimiento de las leyes y las condiciones laborales de los trabajadores es el que está infringiendo la ley”, concluyó Bustamante.
08-09-2014
