La Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) y la Organización Internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) sumamos nuestras voces para exigir una protección integral y eficaz para los periodistas en Colombia. Desde el 12 de agosto, iniciamos la campaña “Periodismo en riesgo”, que a través de distintas publicaciones dará cuenta del estado y la historia de la protección a periodistas en Colombia.
La corrupción que se está denunciando al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad a cargo del programa, además de otros problemas estructurales, ahondan las grietas y el deterioro de un programa que cumple 15 años.
Este 12 de agosto, un año después del asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, las organizaciones y gremios que defienden la libertad de prensa en Colombia damos inicio a una campaña dirigida a señalar el momento crítico por el que atraviesa el Programa de Protección a Periodistas.
En el último año, la UNP ha tenido múltiples fallos, como retrasos en la implementación de medidas y recortes en el presupuesto, que han afectado la movilidad y seguridad de los periodistas. En el pasado reciente registramos al menos dos casos que tuvieron desenlaces fatales y donde la labor de protección no se brindó de manera adecuada, no se diagnosticaron los riesgos ni se tomaron las medidas adecuadas para garantizar la vida de los periodistas.
El 12 de agosto de 2014, en el municipio de Tarazá, Antioquia, fue asesinado Luis Carlos Cervantes, dos semanas antes, el 24 de julio, la UNP realizó el levantamiento de las medidas de protección que el periodista tenía desde 2012. Este episodio recuerda el asesinato de José Emeterio Rivas en el año 2003 en Barrancabermeja, Santander, a quien se le aprobaron medidas de protección el 27 de marzo de 2003 y fue asesinado una semana después. Las medidas de protección en estos casos no respondieron al riesgo que enfrentaban los periodistas.
El 14 de febrero de 2015, Antonio Peralta fue asesinado en El Doncello, Caquetá. Una semana antes había advertido a la Policía y a la UNP de la amenaza que había recibido sin que hubiera una respuesta oportuna. Cuando el sicario disparó, terminando con la vida de Peralta y de su esposa, el periodista se encontraba desprotegido.
La situación es grave también para los periodistas beneficiarios del programa de protección, que constantemente denuncian fallas y retrasos de la UNP que los ponen en riesgo. Además, reportan que tras años de haber sido amenazados, no ha habido ningún avance en la investigación.
La ausencia de justicia en los casos de amenazas contra la prensa incrementa el riesgo de los periodistas de todo el país. La Fiscalía conoce hace años la importancia de investigar las amenazas y sabe que la justicia es la medida más eficaz de protección, sin embargo, no brinda resultados. Se trata de un círculo vicioso en el que la impunidad se oculta tras la imagen de una protección ineficiente y que perpetúa el riesgo.
En el marco de esta campaña, las organizaciones presentaremos documentos de análisis frente al programa de protección y a la UNP, que serán la base para establecer los lineamientos de lo que debe ser una protección integral, que incluya justicia, eficacia y genere confianza en las actuaciones que tome el Estado hacia los periodistas en peligro.
La protección de periodistas se encuentra en riesgo, el derecho humano a la libertad de expresión se encuentra en riesgo y los periodistas permanecen bajo amenaza.
13-08-2015
