“Comunicación y género. Tratamiento y cobertura de casos de violencia mediática y protocolo de casos policiales”, fue la capacitación que se realizó en la ciudad de Olavarría, organizada por la Asociación de Periodistas de Olavarría (APO) –filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)-, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN.
La jornada fue una excelente oportunidad para capacitar a los periodistas en temática de género. Participaron más de 50 personas, entre los que había periodistas de la ciudad, estudiantes, referentes de sindicatos y de ONG, así como miembros de la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género, entre otros.
Los disertantes, que llegaron desde la Defensoría del Público, fueron la especialista de género, Romina Coluccio; la licenciada Mercedes Moglia, del área de investigación, quien escribió el protocolo de cobertura de policiales; y Hugo Muleiro, escritor y periodista.
Por su parte, Romina Coluccio planteó la necesidad de “pensar desde la comunicación los derechos que tienen las audiencias de la radio y la televisión” y señaló como una tarea clave “poder trabajar territorialmente con las audiencias y con los comunicadores y comunicadoras para promover este derecho: que las coberturas sean respetuosas, den información socialmente relevante, y que no se estigmatice ni vulnere los derechos de las víctimas. Se trata de un nuevo enfoque sobre la práctica comunicacional.
La profesional hizo hincapié en la importancia de “preservar la identidad de las personas que están en situaciones de violencia o víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes para proteger a esas personas pensando no sólo en el hoy sino en mediano y largo plazo. No exponerlos, no dar su nombre y apellido, ni el domicilio o la escuela a la que asiste porque eso afecta la cotidianeidad”. En la misma línea, y con respecto a los resguardos normativos, destacó que “nuestra legislación es muy clara. Los protege de todo tipo de exposición, en este caso, mediática”.
De igual modo, reflexionó que a “las mujeres víctimas de violencia también las protege, y es necesario que la persona dé su consentimiento para ser expuesta en los medios, explicándoles las consecuencias e implicancias que a veces se desconoce”.
La capacitadora de la Defensoría del Público aseguró que “los medios contribuyen a la construcción de la identidad” y a la vez “son un actor relevante en la sociedad”. Por ende, “tienen una responsabilidad social a la hora de comunicar y tienen que brindar información que sea socialmente relevante”.
Asimismo, es responsabilidad de los medios y de los periodistas “involucrarnos para tender a erradicar la violencia y la matriz cultural que la habilita”.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es el lugar que la Ley 26.522 destinó para que los oyentes y televidentes puedan presentar sus consultas, reclamos y denuncias. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual consagra una nueva concepción de la comunicación en la Argentina. Las audiencias de la radio y la televisión son sujetos de derechos y la Defensoría del Público es el organismo estatal encargado de canalizar sus reclamos.
Por último, Romina Coluccio advirtió que desde el organismo que integra “no aplicamos sanciones sino que construimos reparaciones” porque “las prácticas comunicacionales se pueden modificar trabajando en red, con los medios y con los comunicadores y comunicadoras, en permanente construcción, tendiendo puentes entre las audiencias y los medios”.
