La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) rechaza de plano cualquier pretensión de cercenar la libertad profesional de la actividad periodística, como queda propuesto en el artículo 85 del proyecto de ley de “sinceramiento fiscal” que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso de la Nación el pasado 31 de mayo.
Según el proyecto de la norma, se extiende la obligación de secreto fiscal no sólo a funcionarios e integrantes del Poder Judicial, sino también a quienes genéricamente denomina “terceros”. Estos nuevos sujetos afectados podrían incluir no sólo a los trabajadores de prensa que dieran a conocer información, sino también a aquellos que faciliten los medios para su difusión. Esta vaguedad en los sujetos afectados por la obligación impone un nivel de restricción amplio en un derecho humano esencial como resulta la libertad de expresión, y un cercenamiento atroz al reconocido internacionalmente derecho a la información, con el único posible objetivo de ejercer una presión conducente a la autocensura.
La amenaza explícita se impone en la aplicación a quienes incurran en la falta citada de las penas establecidas en el Código Penal de la Nación, Art. 157 -de un mes a dos años de prisión-, conjuntamente con la imposición de multas iguales a una vez el valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración que se hubiera revelado o divulgado.
Esta limitación explícita del derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, violenta los estándares de derechos humanos reconocidos por el espectro jurídico nacional, así como directamente irrumpe las garantías establecidas por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional -libertad de de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa y prohibición al Congreso Nacional de dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal respectivamente-.
Los trabajadores de prensa no permitiremos que, además de despedirnos y precarizarnos para condicionar nuestra tarea, se nos intente amedrentar para que no pongamos en conocimiento de la sociedad cualquier información que pudiéramos obtener sobre quienes evadieron impuestos y fugaron divisas con el consecuente perjuicio para nuestro país, por más que un gobierno decida alegremente condonar esos delitos cometidos por los sectores más poderosos de la economía.
