La Federación Internacional de Periodistas envió una solicitud al Juez Eduardo Cecinini, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº3, instándolo a que tenga en cuenta las implicaciones que tendría un desalojo anticipado.
El pasado lunes 13 de junio, las y los trabajadores de la Cooperativa Por Más Tiempo participaron de una audiencia en los Tribunales Federales con los propietarios del edificio donde funciona la redacción del periódico y los estudios de Radio América, para negociar un nuevo alquiler o un tiempo prudencial de desalojo debido a la política de abandono y falta de pago del alquiler de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. Sin embargo, el abogado del grupo empresario SPF3 S.A, Martín Davicino, insistió con el pedido judicial para realizar un desalojo “express”. Por lo que, ahora la decisión está en manos del Juez Cecinini.
En ese sentido, la organización profesional más grande del sector en todo el mundo, la FIP, se manifestó por dicha situación, y expresó en la misiva que “los trabajadores de la prensa a nivel mundial consideramos justo y legítimo el extraordinario esfuerzo que están llevando a cabo nuestros colegas de Tiempo Argentino para continuar ejerciendo su trabajo y garantizar así el acceso a una información plural necesaria para la defensa de las libertades democráticas que acompañan esa valiosa actividad periodística”.
Asimismo, agregaron que “resulta una grosera contradicción que se pretenda desalojarlos de su lugar de trabajo esgrimiendo derechos que no se han ejercido como corresponde, es decir, honrando los compromisos legales asumidos con los trabajadores de ese medio”.
Cabe recordar, que las y los trabajadores de Tiempo Argentino resistieron la política de vaciamiento llevada a cabo por la patronal desde finales de 2015, y lograron convertirse en una cooperativa de trabajo, la cual está conformada por unas 120 familias. Ahora, se encuentran a la espera del fallo que dictamine el Juez, y en la búsqueda de un lugar adecuado e ideal para desarrollar su trabajo como también dialogando por la parte económica para afrontar semejantes gastos.
“Comprometemos nuestro apoyo ante todas las instancias, judiciales y administrativas, a efectos de hacer valer el derecho a trabajar en el mismo lugar que fue abandonado subrepticiamente por los dueños del medio. Le rogamos que tenga especial consideración con la situación. No debe ni puede haber ninguna interferencia a esa reivindicación elemental, que está justificada no solo legalmente, sino, también moralmente por la sociedad que los acompaña”, concluyó la misiva enviada por la FIP.
