Bariloche: Genusso incumple las ordenanzas de pauta publicitaria y de acceso a la información pública

El sindicato de Trabajadores Prensa de Bariloche y Zona Andina denuncia públicamente la violación por parte del gobierno municipal de las normativas que regulan la distribución de pauta publicitaria.
A pesar de lo establecido por ordenanza, el intendente Gustavo Gennuso no exige que los medios contratados para publicar anuncios del municipio tengan a su personal periodístico debidamente regularizado y encuadrado en el convenio colectivo correspondiente.
Nuestro sindicato reclamó y obtuvo hace menos de dos años el dictado de la ordenanza 2645/15, que incorpora como legislación obligatoria en el municipio el artículo 64 de la ley 12.908 Estatuto del Periodista Profesional.
Desde entonces el municipio no puede publicar avisos de ninguna índole en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que cuenten con “personal comprendido en el Estatuto del Periodista Profesional que no hayan cumplido previamente las disposiciones de la Ley 12908, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y toda la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”.
Los intentos del Sitrapren por conocer cómo aplica el municipio ese principio chocaron una y otra vez contra el silencio de Gennuso. Un primer pedido de informes fechado el 25/10/2016 y enmarcado en la ordenanza 1527/05 de libre acceso a la información pública tuvo por respuesta un largo listado con los medios periodísticos que reciben pauta. Pero el Ejecutivo omitió cualquier dato sobre el personal de esas empresas y las condiciones de contratación que la norma obliga a verificar.
Un segundo pedido de informes que buscó indagar en ese punto fue presentado el 17/11/2016. Hasta hoy no tuvo respuesta.
El Concejo Municipal sí contestó un requerimiento del Sitrapren de la misma fecha y aclaró que la confección del listado de medios habilitados para recibir pauta le corresponde “a la autoridad de aplicación”, es decir a la dirección de Prensa y Comunicación del Ejecutivo, bajo la responsabilidad de Rafael Tapia. Justamente la misma área que hasta ahora ocultó la información.
El Sitrapren buscó también plantear estos temas en forma directa al intendente, a quien le presentó tres pedidos de audiencia, fechados el 16 de junio, el 28 de julio y el 22 de septiembre del año pasado. Ninguno fue contestado. Sólo hubo una propuesta informal de Tapia para que nos reunamos con él, en representación de Gennuso.
La ordenanza vigente en su artículo 15 también obliga a cada departamento de gobierno a brindar un informe anual sobre la utilización de pauta oficial, importes, contenidos y listado de medios contratados. El plazo venció el 31 de diciembre y el Ejecutivo todavía no lo publicó.
En la reciente apertura del año legislativo Gennuso dijo que el suyo es un “gobierno abierto, que dialoga con el vecino” y que ejerce “la transparencia”. Nuestro sindicato pretende que no se quede en el discurso y que demuestre qué hizo para cumplir una ordenanza pensada para combatir el empleo precario, que fue impulsada por un concejal de su partido y aprobada por unanimidad.
Que las autoridades municipales rindan cuentas sobre este tema no es sólo una exigencia de los trabajadores de prensa sino un derecho de todos los ciudadanos.
El Estatuto del Periodista Profesional tiene jerarquía de ley y es una conquista histórica que no vamos resignar.
Los trabajadores de prensa de todo el país reclamamos desde hace tiempo la efectiva vigencia del artículo 64 y hemos logrado su aprobación en varias provincias y municipios.
Ahora nos toca hacerlo cumplir, aunque choquemos con la indolencia de los gobiernos y también con el enojo de muchos empleadores, que se quejan ante la obligación de blanquear a sus periodistas porque son precarizadores seriales.
La ordenanza que les incomoda no está pensada para discriminar entre medios chicos y grandes. A unos y otros, si quieren acceder a la pauta, les bastará simplemente con encuadrar a sus trabajadores dentro del convenio colectivo de prensa y respetar toda la legislación laboral que nos ampara.