En una entrevista con la Secretaria de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), Zuliana Lainez -también Secretaria General de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)- afirmó que “en los primeros cinco meses del 2017 han asesinado 29 periodistas en América Latina-Caribe; el país que registra la mayor tasa de crímenes es México” con siete asesinatos, y al día de hoy se encuentra desaparecido el comunicador Salvador Adame, secuestrado el 18 de mayo en Nueva Italia (Michoacán). En segundo lugar se encuentran Guatemala y República Dominicana con dos asesinatos cada uno.
En ese sentido, la dirigente sindical manifestó que “la cifra es preocupante porque va en aumento”, supera la cifra mortífera del año pasado en que se denunciaron 28 crímenes contra periodistas, siendo la impunidad una de las principales causas por lo que acrecienta el riesgo a morir en los colegas.
El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México tiene registro de una tasa de un 98% de impunidad de los crímenes contra periodistas en esa región. “Allí la corrupción está institucionalizada; el crimen organizado ha logrado penetrar las instituciones estatales, de manera muy visible en las denominadas zonas tomadas por el narcotráfico. Nuestros colegas, quienes en la mayoría de los casos cubren policiales o reportan sobre crimen organizado, lidian con la posibilidad de morir a diario”, expresó Lainez.
Sumado a ello, la respuesta tras un crimen es mecánica: lo primero que se intenta hacer es desvincular la causa profesional como móvil del crimen; se apela entonces a relacionarlo con un tema de seguridad ciudadana (robo, muchas veces) o se etiqueta el caso como el mal llamado crimen pasional. Encima, México se muestra ante la comunidad internacional como un Estado comprometido con garantizar la vida de los periodistas y lograr justicia ante los asesinatos siendo que no ponen presupuesto ni voluntad política para resolver los casos.
En México los principales asesinatos son por denunciar el narcotráfico y acción del crimen organizado. En 2012 se implementó el Programa de Protección a Periodistas que, según afirma la Secretaria de DDHH de la FEPALC, tiene muchas “falencias de todo orden; inoperativo y nació con el mal de haber sido copiado exactamente de la experiencia Colombia, la cual es otra realidad”. También se implementó en la Procuraduría General de la Nación una Fiscalía Especializada en atender los crímenes contra periodistas, sin embargo “no hay presupuesto y por el esquema político de funcionamiento del país tienen casi nula injerencia cuando las investigaciones se dan en las regiones”, ya que muchos no se federalizan. “En resumen, mucha parafernalia burocrática pero la tasa de asesinatos sigue en aumento”, sostuvo.
En el caso República Dominicana, los periodistas son asesinados también por denunciar temas vinculados al narcotráfico y las bandas delincuenciales. En Paraguay, por denunciar el accionar de los funcionarios políticos y los narcos, “lo que los compañeros y compañeras del Sindicato de Periodistas de Paraguay llaman la `narcopolítica´”. Y en Perú, por denunciar temas de corrupción de orden político/económico en las provincias. Lainez aseguró que sólo tres países cuentan con el Programa de Protección a Periodistas: México –relatado anteriormente-; Colombia, “que fue pionero en el tema, pero adolece también de profundos problemas en la implementación, la Federación Colombiana de Periodistas ha sido muy crítica por la burocracia con la que se maneja el mecanismo, la evaluación de riesgos deficitaria y la implementación propia de las medidas de seguridad; y en Guatemala se sabe de la aprobación legal de la norma para implementar el mecanismo pero no se conocen resultados”.
“A los periodistas los asesinan, los agreden, los hostigan por realizar su trabajo. Por levantar la alfombra y difundir aquello que el poder político, económico o crimen organizado no quiere que se sepa”, aseguró Lainez. Atacando también a la libertad de expresión ya que el trabajador no puede ejercer libremente su labor si la tiene que desarrollar en un entorno de corrupción, pobreza, miedo o temor.
Las empresas también tienen responsabilidad en los asesinatos porque envían a sus trabajadores a cubrir comisiones de riesgo sin garantizarles la seguridad. Por ejemplo, en Perú hay una ley que implementa un Seguro Obligatorio de Riesgos Profesionales en el caso de periodistas que cubren comisiones de alto riesgo y ninguna empresa cumple con ello; sumado a que los organismos de supervisión laboral tampoco fiscalizan el cumplimiento de la normativa. Y ello se profundiza con la precarización laboral que atraviesa el sector de prensa, ya que muchos periodistas asesinados son “corresponsales (formalmente) o -como se les llama vergonzosamente ahora para no generar obligaciones de parte de las empresas- ´colaboradores´ de medios de comunicación grandes como La Jornada y más allá de lamentar la muerte no mueven un dedo para garantizarles la seguridad”, expresó. Al tiempo que añadió: “el mayor número de agresiones se focaliza en las regiones del interior de los países donde también se encuentran, por ejemplo en Colombia, Ecuador, Perú y buena parte de Centroamérica, periodistas que autogestionan su trabajo por lo que quedan mayormente expuesto”.
Ante dicho panorama, la dirigente sindical enfatizó sobre la importancia de consolidar la organización local. “El problema es que el modelo económico impuesto desde los ´90 ha debilitado la capacidad de organización en muchos países de la región; se ha perdido capacidad de negociación, se ha hecho desaparecer a los sindicatos o se ha arrinconado desde el Estado intentando asfixiar económicamente a sindicatos como el de Paraguay”; sin embargo, afirmó que “las organizaciones (más fuertes o más débiles) han sobrevivido y tienen ahora nuevas generaciones de dirigentes; y la apuesta por lo colectivo está presente”.
Por último, Lainez indicó que para resistir y confrontar con esta situación “hay que consolidar la capacidad de acción, actuar de manera unitaria y potenciar nuestra fuerza con nuestra categoría profesional y sindical en el país y fuera de él para hacernos escuchar ante un crimen o ante la demanda de superar cuadros dramáticos de precarización. Además, la solidaridad, el soporte, el eco que se da desde dentro y fuera de los países es clave para resistir; lo veo ahora con los colegas mexicanos, que te dicen sentirse sólidos porque saben que estamos muchos detrás”.
