El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina (Sitrapren) -filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)- dio a conocer un comunicado en el que denuncia el incumplimiento por parte de la Municipalidad local de la normativa que la obliga a otorgar pauta publicitaria únicamente en los medios que cumplan con toda la legislación que ampara a las y los trabajadores de prensa:
El gobierno municipal gasta en pauta publicitaria un promedio de 240 mil pesos por mes, que reparte en forma discrecional, sin cumplimiento alguno de la normativa vigente.
El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina repudia la arbitrariedad aplicada por el intendente Gustavo Gennuso en su relación con los medios periodísticos y el manifiesto desinterés que demostró ante nuestros reclamos.
Además de contestar los pedidos de informe tarde y a medias, el gobierno municipal elige manejarse como si la ordenanza de pauta publicitaria no existiera.
Gennuso no duda en admitir que la regulación aprobada hace dos años por impulso de un concejal de su partido le genera “dudas”, pero no se priva de contratar con medios que no tienen a su personal periodístico en regla.
La ordenanza 645/15 incorporó como legislación obligatoria en el municipio el artículo 64 de la ley 12.908 Estatuto del Periodista Profesional.
Desde entonces el municipio no puede publicar ningún tipo de avisos en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que cuenten con “personal comprendido en el Estatuto del Periodista Profesional que no hayan cumplido previamente las disposiciones de la Ley 12.908, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y toda la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”.
Es decir, los trabajadores que realizan tareas periodísticas deben estar en blanco y encuadrados como tales, con el amparo del convenio y el salario correspondiente.
Está claro que al intendente esa regulación impuesta hace dos años a instancias de este sindicato lo perturba e incomoda. Pero eligió el peor camino: no promueve la derogación de la ordenanza para no pagar el costo político y tampoco la cumple, para no malquistarse con los medios en falta.
Si había alguna confusión o dejadez involuntaria de parte de su gobierno, Gennuso se encargó de despejarla. Durante el encuentro anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos realizado hace pocos días el intendente dijo que coincidía con el contenido de la ordenanza que le impide contratar con medios que negrean a su personal.
“Desde mi sentimiento social y político está perfecto -admitió-. En términos legales está muy bien hecha, pero en términos prácticos para una ciudad como Bariloche nos complica”.
Sostuvo luego que la exigencia sobre la condición laboral de los periodistas tiende a favorecer a los grandes medios porque son los únicos que cumplen con la legislación.
Ese supuesto es falso. Aun las empresas más poderosas y los medios de mayor audiencia y circulación mantienen situaciones irregulares.
El municipio se esconde en la excusa fácil para no hacer lo que debe: verificar en cada caso la situación de los empleados y excluir de la pauta a los medios que pagan en negro, que contratan periodistas permanentes bajo la figura del monotributo o que aplican convenios que no corresponden, como el de locutores o el de empleados de comercio.
Cada vez que el Sitrapren quiso acceder a la información sobre el reparto de los avisos del municipio chocó con las dilaciones y el manoseo de una gestión que se tomó hasta tres meses en contestar (cuando debe hacerlo en un plazo de diez días hábiles) o que no respondió.
La rendición de cuentas no debe ser “a pedido”. Según el artículo 15 de la ordenanza 2636/15 el gobierno tiene que brindar informes anuales a toda la ciudadanía sobre la pauta contratada, con montos, listado de medios y “finalidad” de cada campaña. Otra obligación incumplida.
El Sitrapren no dejará de reclamar condiciones dignas de empleo para los trabajadores de prensa de Bariloche y la región por todas las vías posibles. Incluso las que son de incumbencia municipal.
El Estatuto del Periodista Profesional tiene jerarquía de ley y es una conquista histórica que no vamos resignar.
Tampoco vamos a aceptar que las prácticas abusivas de muchos empleadores -quienes recurren una y otra vez a la informalidad, a la precarización laboral y al pago de salarios miserables-, descansen en la complicidad municipal.
