La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), desde su Secretaría de Derechos Humanos, rechaza y exige la derogación del protocolo oficializado por Presidencia de la Nación, Resolución Nº 956/2018, que autoriza a las fuerzas de seguridad federal a emplear armas de fuego, flexibilizando al extremo las recomendaciones de Naciones Unidas para el empleo mortal de la fuerza.
El decreto publicado en el Boletín Oficial habilita el uso legal de armas de fuego en una serie de situaciones que son las principales excusas utilizadas por las fuerzas de seguridad en su defensa, cuando son juzgados por el fusilamiento de personas.
En todo el país tenemos casos testigo del uso indebido de armas de fuego por parte de la Policía, tal es el caso de Rafael Nahuel, el joven muerto en un operativo del grupo Albatros, quien no era un delincuente ni “un mapuche violento” como se dijo desde el Gobierno.
Desde la FATPREN coincidimos con lo expresado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que sostiene que el protocolo publicado “es lisa y llanamente, legitimar el gatillo fácil”.
Esto queda explícito en el artículo 5 del protocolo, en su inciso b que sostiene que “se considerará que existe peligro inminente, entre otras situaciones (…) cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”.
De acuerdo al Archivo de Casos que elaboro la organización antirrepresiva, en la Argentina 5.462 personas murieron por violencia institucional desde la vuelta de la democracia y, de ese total de casos, 725 ocurrieron durante los primeros dos años de gobierno de Cambiemos.
La FATPREN insta a los sindicatos de base a repudiar este nuevo avance represivo que otorga legalidad al gatillo fácil en la República Argentina dando impunidad a sus autores materiales, justificando represiones y asesinatos en movilizaciones o manifestaciones populares. Permitir que policías armados disparen a sangre fría contra los transeúntes, sin más justificación que su propio juicio personal de “peligro inminente”, significa violar las disposiciones de la ONU y transferir al policía las facultades que la ley otorga únicamente a los tribunales y sus jueces.
Los trabajadores y trabajadoras de prensa, que también hemos padecido y seguimos padeciendo en carne propia los abusos de las fuerzas de seguridad, repudiamos este protocolo de funcionamiento y exigimos su inmediata derogación, porque que además avanzar contra las libertades y los derechos consagrados por la Constitución, representa un repudiable retroceso a los tiempos más oscuros de nuestra historia, cuyo saldo fueron miles de muertos, torturados y desaparecidos.
