La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) acompaña a la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) en el rechazo al intento de condicionar la actividad periodística, tal como describe el siguiente comunicado:
Mediante una resolución el Concejo Deliberante del Municipio de San Isidro, pretende cercenar y controlar a los medios y a los periodistas. Obliga a difundir el parte oficial de la Municipalidad. La intendenta intenta despegarse del dictamen.
Desde la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) repudiamos y denunciamos públicamente el accionar del Municipio de San Isidro y de la intendente Vilma Ojeda, y al Concejo Deliberante qué, pretenden obligar a los medios radiales de la localidad a retirar y publicar el parte de prensa oficial, mediante la Ordenanza 134/20, aprobada por el Concejo, firmada por su presidente, Raúl Figueroa y la Secretaria Joana Oviedo.
En la Resolución del Concejo, el Articulo 1 obliga a difundir el parte de prensa y en el Articulo 2, sanciona y responsabiliza a los propietarios y periodistas, por “la divulgación de una noticia distinta o interpretativa a la que el municipio oficialmente da a conocer, será considerada como falta grave y será sancionado”.
Ojeda se excusa en que la medida responde al accionar de un periodista en particular y su secretaria que, según sus propias interpretaciones, difundieron noticias falsas respecto a una situación grave en el actual contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus. Sin embargo, desde la APC denunciamos que esta ordenanza reviste un grave ataque contra la libertad de prensa y libertad de expresión. Ya que arremete contra el ejercicio pleno de la profesión. La difusión de informaciones, siempre y cuando estén fundamentadas en datos certeros y fuentes confiables, constituye el rol más importante de los y las periodistas en cualquier sociedad democrática.
Por su parte, la intendenta Vilma Ojeda, instruye también al Concejo días después del dictamen de la Resolución, que analice el proceder de unos periodistas, para que se le aplique la misma.
Obligar a un periodista o medio de comunicación a emplear datos de una sola fuente, implica limitar y condicionar nuestra profesión a ser simples voceros del gobierno de turno y al mismo tiempo, atentar contra el libre acceso a la información de la sociedad en general.
Instamos a que las autoridades municipales de San Isidro tengan a bien retrotraer la medida dispuesta. Y a los colegas, recordar que la responsabilidad profesional a la hora de ejercer nuestra labor cotidiana es esencial en todo momento, más aún en medio de esta crisis en la que nos encontramos.
Con estos intentos de controlar a la prensa, no solo se está violado la Constitución Nacional, leyes nacionales e internacional, como fallos de la justicia nacional e interamericana. Las pautas publicitarias con medios no obligan ni esclavizan a los medios o sus trabajadores.
