El domingo y lunes pasados la colega de la localidad correntina de San Isidro Gladis Pekar fue hostigada en tres oportunidades por Gendarmería Nacional, Policía Federal y agentes municipales. En cada ocasión, la justificación de los uniformados fue la misma: seguían órdenes de la intendenta Vilma Ojeda.
La misma funcionaria ya había intentado imponer mediante una resolución cuál era el contenido que los medios locales debían informar sobre el municipio, con amenazas de multas a los periodistas y propietarios de medios que no divulgaran sus comunicados.
Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), repudiamos la persecución y la censura de periodistas, exigimos el libre ejercicio de nuestra profesión y sostenemos la defensa irrestricta de la libertad de expresión.
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