Este miércoles 17 se llevó a cabo un encuentro virtual, más que una conferencia de prensa, fue una herramienta que suma para develar la vulneración a los derechos más elementales que se viven en el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el golpe de Estado que alojó a Jeanine Añez como presidenta de facto.
Por medio de una ronda de prensa virtual, donde participaron más de 40 medios de prensa acreditados de todo el mundo, y en la cual adhiere y participa FATPREN, se puso en marcha la “Campaña Internacional por la Libertad y Salvoconductos” para los siete funcionarios del Estado boliviano que hallaron asilo en la Embajada de México en La Paz, cuando estalló el violento golpe de Estado, entre el 10 y 11 de noviembre del año pasado.
Entre les participantes estuvo Patricia Moldiz, que es hija y familiar de uno de los asilados que piden el salvoconducto y que brindó un panorama preocupante sobre la situación de “extrema violencia” en Bolivia.
El turno de notables fue para el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni; el periodista, sociólogo y escritor, Atilio Borón; Isabel Rauber, filósofa, escritora y docente de la Universidad Nacional de Lanús, militante de la patria grande; Eduardo Tavani, abogado y politólogo, vicepresidente de la APDH e integrante del Colectivo Mario Bosch abogados y abogadas querellantes en causas de Lesa Humanidad; Gustavo Tissera, integrante de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, presidente de Familiares de detenidos desaparecidos de Córdoba; Lyllan Luque, abogada querellante de juicios de lesa humanidad en Argentina y patrocinante de la familia de Sebastián Moro (periodista asesinado en Bolivia en el contexto del golpe de estado).
Estos intelectuales, juristas, militantes de derechos humanos y familiares se suscriben al lanzamiento de esta campaña, impulsada por diversas instituciones argentinas y del mundo, para exigir al gobierno de facto de Bolivia que otorgue salvoconductos a los funcionarios que trabajaron en la administración del presidente Evo Morales. Son el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el ex ministro de Defensa, Javier Zavaleta; el ex ministro de Gobierno, Hugo Moldiz; el ex ministro de Justicia, Héctor Arce; la ex ministra de Culturas, Wilma Alanoca; el ex gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el ex director de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna”. Todos ellos ingresaron a la residencia de la Embajada mexicana apenas consumado el golpe de Estado en el vecino país el pasado 10 de noviembre de 2019.
Las autoridades de facto del Estado de “No Derecho” boliviano al decir del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni no han seguido las observaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita a Bolivia el 10 de diciembre de 2019, en la que encomienda “Entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no fragmenten sus núcleos familiares”.
“Denunciamos ante el mundo esta gravísima violación a los derechos humanos y exigimos la inmediata entrega de salvoconductos para estas siete personas. Para que puedan salir del país, reencontrarse con sus familias y seres queridos, vivir con dignidad, en libertad y en el efectivo ejercicio de los derechos humanos”, dijo el pronunciamiento de quienes encabezan la campaña.
Las organizaciones son el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba Argentina y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a ALBA- Suiza, Consejo Pro Bolivia Francia, Asamblea de Ciudadanxs Argentinos en Francia (ACAF), Colectivo Wiphala, Casa Nuestra América y Bolivia Solidarity Campaign de Inglaterra.
