La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) rechaza la multa impuesta un trabajador de prensa por parte del intendente de la localidad saltenaña de Pichanla, Sebastián Domínguez, con motivo de publicaciones que el jefe comunal consideró falsas respecto del COVID-19.
Cabe señalar que, al respecto, Raúl Gonzalo Quilodrán -director del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y ex funcionario salteño- expresó que “con el tema COVID-19 a nivel nacional se sacó una reglamentación clara donde se pide chequear de fuentes oficiales la información difundida. No hablamos de medidas punitivas.Coincido con el Sindicato de Prensa de Salta que no hay tipificación de delito alguno, no sé cuál será el argumento en el que se basa el Concejo Deliberante para hacer eso. Si bien estoy en contra de la información falsa, el periodista tiene la posibilidad de retractarse respecto a la información sin tener que pagar una multa punitoria que no existe”.
A continuación reproducimos el comunicado de nuestra filial, el Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal), en el que se detalla lo sucedido:
El Sindicato de Prensa de Salta manifiesta su preocupación ante la decisión del intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, de multar a un periodista por considerar que publicó información falsa. De la misma manera, considera que la ordenanza municipal que habilitó al jefe comunal a aplicar esta sanción constituye un peligroso precedente para las libertades de prensa y de expresión.
La ordenanza en cuestión, sancionada el 19 de marzo pasado, castiga “con una multa de $ 20.000 a quienes distribuyan, compartan, hagan circular, generen por cualquier medio o vía de comunicación, ya sea oral, escrita, televisiva, radial, telefónica y otro canal informático, sea cual fuere el medio tecnológico, aparato o utilización de distribución escrita, una información falsa respecto del virus COVID-19, e igual medida será aplicada a aquellos que alteren una publicación oficial”.
Consideramos que la norma da a lugar a abritrariedades y allana el terreno para el disciplinamiento de trabajadores de prensa y de ciudadanos en general que pudiera expresarse críticamente frente a los gobiernos de turno.
Entendemos que es un atropello y exhortamos al intendente a rever su decisión sancionatoria, al Concejo Deliberante de Pichanal a derogar el mencionado artículo de esta ordenanza, y al Poder Judicial a pronunciarse sobre la legalidad y/o constitucionalidad de esa disposición.
Además, solicitamos intervenir en este hecho para garantizar la libertad de expresión de los trabajadores de prensa.
