Derechos Humanos: Primera condena a un empresario como co-responsable de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura

El pasado 28 de marzo, Tribunal Oral Federal de Salta encontró culpable al empresario Marcos Levín por el delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Víctor Cobos, condenándolo a 12 años de prisión. A su vez, los ex policías Víctor Bocos, Víctor Almirón y Enrique Cardozo recibieron penas de 12, 12 y 8 años, respectivamente, por ejercer torturas contra la víctima.

Es el primer caso en el que resulta juzgado un empresario por haber participado del terrorismo de Estado llevado a cabo durante el proceso dictatorial cívico militar sufrido en nuestro país entre 1976 y 1983.

Víctor Cobos estuvo secuestrado entre diciembre de 1976 y enero de 1977. Era empleado de La Veloz del Norte y delegado de la UTA. Marcos Levín –dueño de La Veloz del Norte desde 1942, actualmente con el 50 % de la empresa- había iniciado una causa por una supuesta estafa contra los trabajadores con la que intentó revestir de legalidad los procedimientos ilegales.

Además de Cobos, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de este juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescritos, una decisión que aún debe resolver la Corte Suprema. Cobos es el único caso que llegó a instancia oral y sobre el cual se hizo el juicio.

Uno de los elementos centrales de este juicio fue la reconstrucción abrumadora de aportes que hizo Levín para la materialización de los secuestros. Esos aportes incluyeron información de inteligencia, diagramas de servicios, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal, estructura física pero también la «acción psicológica».

La sentencia salió con los votos de los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz y la disidencia de Gabriel Casas, que se pronunció por una condena a tres años de prisión en suspenso. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 23 de mayo.

Este es un primer paso hacia el juzgamiento y condena del amplio número de civiles que tuvieron una participación activa en la última dictadura, como el caso de Vicente Massot, titular de La Nueva Provincia de Bahía Blanca, sindicado como el responsable del secuestro, la tortura y el asesinato de dos obreros gráficos del diario y el desarrollo de una «acción psicológica» que permitió llevar adelante el plan criminal de la dictadura.

 

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