El impacto del ajuste en Enacom sobre las comunicaciones

La Resolución N° 7/2024 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso el cierre operativo de sus delegaciones provinciales, a partir del 1 de abril de este año.

La medida establece un período de transición de sesenta días «a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales» y para ello dispone «una dotación mínima de agentes que garantice la realización de las tareas de cierre y que elabore un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones».

La determinación del Poder Ejecutivo afecta a más de 300 trabajadores y trabajadoras, en algunos casos con antigüedades superiores a los veinte años, sin que hayan sido notificados de cuál es su situación laboral actual y futura.

Quienes sí fueron notificados de qué debían realizar fueron las decenas de integrantes de fuerzas de seguridad federales que se hicieron presentes en cada una de las delegaciones para impedir el ingreso a las oficinas de quienes prestaban tareas allí hasta el pasado miércoles 27 de marzo.

En los considerandos de la resolución, se argumenta que «efectuado un relevamiento de la actividad llevada a cabo en las Delegaciones Provinciales, pudo determinarse que la misma viene disminuyendo significativamente desde la implementación del Trámite a Distancia (TAD)» por lo que «las Delegaciones han perdido relación de proporción entre las tareas llevadas a cabo y sus estructuras» y que «resulta necesario proceder al cierre operativo de las delegaciones provinciales».

Es así que, por ejemplo, quien se acercaba a una delegación del Enacom para denunciar inconvenientes con su servicio de telefonía móvil y/o Internet, ahora tendrá que proceder a efectuar su reclamo a través de esos servicios a los cuales no puede acceder y que eran la razón de su denuncia por el incumplimiento de las prestatarias.

Lo que la Resolución tampoco explica es cómo a través del «Trámite a Distancia (TAD)» se va a verificar el cumplimiento de la prestación de los servicios de telefonía 3G o 4G en los distintos territorios de acuerdo a los pliegos de concesión o las interferencias que emisoras radiales -por excesos de potencia o inconvenientes técnicos- pudieran efectuar sobre las transmisiones entre aeropuertos y aeronaves que hasta el momento monitoreadas por los trabajadores y las trabajadoras de las delegaciones del organismo desplegadas territorialmente.

Tampoco habrá control in situ de los equipamientos de transmisión (VHF) con que cuentan transportistas comerciales que ingresan al país y que debe verificarse que cuenten con las pertinentes licencias para operar y el cumplimiento adecuado de las normas establecidas sobre potencia y otras cuestiones técnicas.

Como en tantos otros organismos del Estados sobre los cuales el gobierno nacional aplica su publicitada «motosierra» de campaña, el cierre de las delegaciones del Enacom pone sobre el tapete la necesidad de la presencia activa del Estado para ejercer su rol y que sus trabajadores y trabajadoras cumplen un papel esencial en las distintas actividades que cubren todo el territorio nacional.