El PRO impulsa una ordenanza para acallar a medios críticos

El PRO impulsa una ordenanza para acallar a medios críticos
En la localidad bonaerense de General Madariaga, el bloque de concejales de Unión PRO -la alianza política que en la provincia realizaran Mauricio Macri y Francisco De Nárvaez- presentó ante el Concejo Deliberante de esa localidad un proyecto para prohibir que el municipio paute publicidad oficial en medios de comunicación que «agravien u ofendan» a cualquier funcionario municipal o a quienes integren comisiones de instituciones intermedias.
La propuesta, que incluye la sanción para el funcionario que no retire la publicidad y el bloqueo de la misma durante dos años para el medio responsable de la publicación, prevé que la suspensión de la pauta debe efectuarse dentro de las 72 horas de producido el hecho, lo que implica una decisión a partir de la opinión del presunto agraviado, sin que medie instancia judicial alguna que dirima efectivas responsabilidades.
El proyecto contradice todo el cuerpo legal y jurisprudencial del derecho a la información, que entiende que los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio y crítica de los medios de comunicación y que las opiniones de la prensa no pueden ser censuradas de ninguna forma.
En tal sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estable que debe ser prohibida toda forma de censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación.
Asimismo, la carta de la CIDH establece claramente que es inadmisible por parte de los estados el establecimiento de condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad.
Igualmente, recuerda que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
A ello debe sumarse que en el principio número trece de la Declaración de la CIDH se especifica que atenta contra la libertad de expresión, y debe estar expresamente prohibido por ley, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Cualquier tipo de presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión, y el proyecto presentado por los ediles de Unión PRO claramente busca coartar ese derecho.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudia y rechaza de plano el proyecto de ordenanza, así como todo intento de silenciar la voces de la prensa, y llevará adelante todas las acciones necesarias para garantizar que los trabajadores de prensa puedan desarrollar su actividad en plena libertad.

En la localidad bonaerense de General Madariaga, el bloque de concejales de Unión PRO -la alianza política que en la provincia realizaran Mauricio Macri y Francisco De Nárvaez- presentó ante el Concejo Deliberante de esa localidad un proyecto para prohibir que el municipio paute publicidad oficial en medios de comunicación que «agravien u ofendan» a cualquier funcionario municipal o a quienes integren comisiones de instituciones intermedias.

El PRO impulsa una ordenanza para acallar a medios críticos
En la localidad bonaerense de General Madariaga, el bloque de concejales de Unión PRO -la alianza política que en la provincia realizaran Mauricio Macri y Francisco De Nárvaez- presentó ante el Concejo Deliberante de esa localidad un proyecto para prohibir que el municipio paute publicidad oficial en medios de comunicación que «agravien u ofendan» a cualquier funcionario municipal o a quienes integren comisiones de instituciones intermedias.
La propuesta, que incluye la sanción para el funcionario que no retire la publicidad y el bloqueo de la misma durante dos años para el medio responsable de la publicación, prevé que la suspensión de la pauta debe efectuarse dentro de las 72 horas de producido el hecho, lo que implica una decisión a partir de la opinión del presunto agraviado, sin que medie instancia judicial alguna que dirima efectivas responsabilidades.
El proyecto contradice todo el cuerpo legal y jurisprudencial del derecho a la información, que entiende que los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio y crítica de los medios de comunicación y que las opiniones de la prensa no pueden ser censuradas de ninguna forma.
En tal sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estable que debe ser prohibida toda forma de censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación.
Asimismo, la carta de la CIDH establece claramente que es inadmisible por parte de los estados el establecimiento de condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad.
Igualmente, recuerda que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
A ello debe sumarse que en el principio número trece de la Declaración de la CIDH se especifica que atenta contra la libertad de expresión, y debe estar expresamente prohibido por ley, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Cualquier tipo de presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión, y el proyecto presentado por los ediles de Unión PRO claramente busca coartar ese derecho.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudia y rechaza de plano el proyecto de ordenanza, así como todo intento de silenciar la voces de la prensa, y llevará adelante todas las acciones necesarias para garantizar que los trabajadores de prensa puedan desarrollar su actividad en plena libertad.

En la localidad bonaerense de General Madariaga, el bloque de concejales de Unión PRO -la alianza política que en la provincia realizaran Mauricio Macri y Francisco De Nárvaez- presentó ante el Concejo Deliberante de esa localidad un proyecto para prohibir que el municipio paute publicidad oficial en medios de comunicación que «agravien u ofendan» a cualquier funcionario municipal o a quienes integren comisiones de instituciones intermedias.

La propuesta, que incluye la sanción para el funcionario que no retire la publicidad y el bloqueo de la misma durante dos años para el medio responsable de la publicación, prevé que la suspensión de la pauta debe efectuarse dentro de las 72 horas de producido el hecho, lo que implica una decisión a partir de la opinión del presunto agraviado, sin que medie instancia judicial alguna que dirima efectivas responsabilidades.

El proyecto contradice todo el cuerpo legal y jurisprudencial del derecho a la información, que entiende que los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio y crítica de los medios de comunicación y que las opiniones de la prensa no pueden ser censuradas de ninguna forma.

En tal sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estable que debe ser prohibida toda forma de censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación.

Asimismo, la carta de la CIDH establece claramente que es inadmisible por parte de los estados el establecimiento de condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad.

Igualmente, recuerda que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

A ello debe sumarse que en el principio número trece de la Declaración de la CIDH se especifica que atenta contra la libertad de expresión, y debe estar expresamente prohibido por ley, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.

Cualquier tipo de presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión, y el proyecto presentado por los ediles de Unión PRO claramente busca coartar ese derecho.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudia y rechaza de plano el proyecto de ordenanza, así como todo intento de silenciar la voces de la prensa, y llevará adelante todas las acciones necesarias para garantizar que los trabajadores de prensa puedan desarrollar su actividad en plena libertad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *