En el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) es la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) presentó una reclamación contra el gobierno argentino por violación de los Convenios 111 y 154, motivada en los constantes ataques a los trabajadores y trabajadoras de prensa y en la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.
La Secretaria General de la FATPREN, Carla Gaudensi, junto al asesor legal Guillermo Gianibelli, el co Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, y la abogada de la central Marta Pujadas, fueron recibidos por Horacio Guido, Jefe del Servicio de Aplicación de Normas de la OIT, ante quien expusieron las circunstancias relativas a la queja presentada.
En la denuncia se expone que el gobierno nacional impulsó y logró poner fecha para la derogación de los Estatutos del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo. «Constituye un acto de hostigamiento institucional y desmantelamiento de las garantías mínimas de protección laboral de quienes ejercen el periodismo», precisó la reclamación, que fue realizada en el marco del artículo 24 de la Constitución de la OIT.
«Con la eliminación de estos dos cuerpos normativos (previstos para fin de año) que cuentan con más de 80 años de vigencia tutelando el trabajo en la actividad periodística y la libertad de expresión, la ley 27.802 (de Reforma Laboral) deja un vacío normativo en la materia que no se completa ni es reemplazado por ninguna otra norma de similar alcance y genera un estado de incertidumbre -en materias críticas como estabilidad y jornada de trabajo- que afecta al conjunto de los trabajadores de prensa», se señaló en la presentación que lleva la firma de la Secretaria General de la FATPREN, Carla Gaudensi.
La presentación agrega que «desde el día en que fue promulgada la ley, se han descargado sus efectos negativos sobre los trabajadores de la actividad, produciendo un daño real en el interés colectivo, en atención a: la negativa a negociar colectivamente por parte de las empresas periodísticas con motivo en la inminente derogación; la desarticulación de la profesión, en términos de proyección de la misma, con el consecuente impacto negativo sobre la libertad de expresión y el derecho a la información; y la afectación al empleo por el impacto de la eliminación de la protección frente al despido arbitrario que representa la indemnización agravada».
