La Plata: Denuncia penal contra la Policía bonaerense por la represión ilegal del 8 de octubre

LPLos despedidos y las despedidas del diario Hoy de la ciudad de La Plata realizaron, este martes 4 de noviembre, una denuncia penal contra la Policía bonaerense en la sede de las Fiscalías platenses, en calle 7 entre 56 y 57, para denunciar y pedir que se identifique a los responsables de la represión ilegal ocurrida el miércoles 8 de octubre mientras realizaban una protesta en la puerta de la empresa reclamando la reincorporación de los 10 trabajadores y trabajadoras que habían sido cesanteados en la primera semana de agosto.

LPLos despedidos y las despedidas del diario Hoy de la ciudad de La Plata realizaron, este martes 4 de noviembre, una denuncia penal contra la Policía bonaerense en la sede de las Fiscalías platenses, en calle 7 entre 56 y 57, para denunciar y pedir que se identifique a los responsables de la represión ilegal ocurrida el miércoles 8 de octubre mientras realizaban una protesta en la puerta de la empresa reclamando la reincorporación de los 10 trabajadores y trabajadoras que habían sido cesanteados en la primera semana de agosto.

La denuncia penal fue formulada contra los siguientes Jefes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: el jefe distrital centro Comisario Inspector Carlos Gandolfi, el Jefe Departamental Darío Camerini, y el Superintendente de Seguridad Zona Sur Comisario General Juan Ibarra, quienes intervinieron en la represión, por entender que resultan penalmente responsables de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículo 248 del Código Penal), lesiones (artículo 89 y subsiguientes), abuso de armas (artículo 104), Amenazas (artículo 149 bis y subsiguientes).

lp081014-03Asimismo, también denunciaron penalmente a los integrantes de la “patota” que responde a la dueña del diario, Myriam Renée Chávez de Balcedo, quienes se hicieron presentes ese día y amenazaron e intimidaron a quienes se manifestaban pacíficamente por sus derechos laborales, entendiendo que dicha conducta encuadra en el tipo penal de las amenazas contemplado en los artículos 149 bis y subsiguientes del Código Penal.

La presentación fue acompañada por el material fílmico y fotográfico que ya se ha difundido públicamente y prueba los hechos en cuestión.

Cabe recordar que la represión realizada por la Policía Bonaerense no contó con ningún tipo de orden judicial, y fue –como bien muestran los registros fílmicos– absolutamente desmedida e innecesaria, además de que no respetó ninguno de los protocolos que los efectivos policiales tienen para actuar en estas circunstancias.

LPAdemás, el corolario de este violento, absurdo, desmedido e ilegal operativo, continuó incluso una vez producida la dispersión de los manifestantes, con la violenta persecución y detención de Álvaro Román, Fernando Capece, Facundo Irala, Alejandro Robles y al dirigente de Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) Flavio Frangolini, aprehensiones que recién fueron notificadas ante la Fiscalía en turno luego de un prolongado período en que permanecieron al más absoluto arbitrio de la Comisaría segunda de esa ciudad.

Cabe referir que la represión no tuvo como objetivo dispersar a quienes allí se manifestaban, ya que por como se dieron los hechos, es claro que los gases y disparos de bala de goma fueron realizados por la policía con el único objetivo de amedrentar y castigar a los manifestantes.

De hecho, según el protocolo “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, el cual fue acordado por el Consejo de Seguridad Interior, y al cual la provincia de Buenos Aires ha adherido, en ningún caso el personal policial puede utilizar armas de fuego como medio para dispersar una manifestación.

En ese sentido, según la “Ley de unificación de las normas de organización de las policías de la provincia de Buenos Aires”, N° 13.482, los efectivos de las fuerzas de seguridad deben recurrir al uso de armas de fuego “solamente en caso de legítima defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro, debiendo obrarse de modo de reducir al mínimo los daños a terceros ajenos a la situación”.

Claramente, estas normas han sido incumplidas por el personal interviniente los cuales dispararon con postas de gomas contra personas desarmadas. Por eso se exige una investigación seria que pueda identificar a los responsables del accionar policial destinado a amedrentar a trabajadores y trabajadoras que pelean por sus derechos 

 

04-11-2014

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