Reclaman la vigencia de a nueva Ley de Medios

Reclaman la vigencia de a nueva Ley de Medios
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) acompañó la presentación que realizaron más de veinte organizaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando que se levante la suspensión impuesta a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Representantes de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y universidades, eligieron la figura de «amicus curiae» (amigo de la corte) para presentar sus argumentos por los cuales la suspensión de la nueva ley deja en vigencia la norma anterior de la dictadura militar, que limita la libertad de expresión. La ley de Radiodifusión de 1980, expresaron, impide el acceso a licencias a entidades sin fines de lucro y afecta los derechos de los trabajadores de prensa y de los músicos independientes, porque la nueva ley garantiza cuotas de protección.
La presentación que se realizó ante la Corte también afirma que el proceso de discusión de la nueva normativa implicó “un debate democrático a través de diversas vías, como las audiencias públicas”, y resalta que el texto que se discutió en el Congreso incluyó más de veinte foros en todo el país por medio de los que se incorporaron más de doscientos aportes al texto original. Es por ello que las organizaciones argumentaron que la decisión de la Cámara Federal de Mendoza de impedir la implementación de la nueva Ley “resolvió bloquear” este proceso participativo.
El documento fue elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y cuenta ademas con el respaldo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, entre otras organizaciones.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) acompañó la presentación que realizaron más de veinte organizaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando que se levante la suspensión impuesta a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Reclaman la vigencia de a nueva Ley de Medios
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) acompañó la presentación que realizaron más de veinte organizaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando que se levante la suspensión impuesta a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Representantes de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y universidades, eligieron la figura de «amicus curiae» (amigo de la corte) para presentar sus argumentos por los cuales la suspensión de la nueva ley deja en vigencia la norma anterior de la dictadura militar, que limita la libertad de expresión. La ley de Radiodifusión de 1980, expresaron, impide el acceso a licencias a entidades sin fines de lucro y afecta los derechos de los trabajadores de prensa y de los músicos independientes, porque la nueva ley garantiza cuotas de protección.
La presentación que se realizó ante la Corte también afirma que el proceso de discusión de la nueva normativa implicó “un debate democrático a través de diversas vías, como las audiencias públicas”, y resalta que el texto que se discutió en el Congreso incluyó más de veinte foros en todo el país por medio de los que se incorporaron más de doscientos aportes al texto original. Es por ello que las organizaciones argumentaron que la decisión de la Cámara Federal de Mendoza de impedir la implementación de la nueva Ley “resolvió bloquear” este proceso participativo.
El documento fue elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y cuenta ademas con el respaldo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, entre otras organizaciones.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) acompañó la presentación que realizaron más de veinte organizaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando que se levante la suspensión impuesta a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Representantes de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y universidades, eligieron la figura de «amicus curiae» (amigo de la corte) para presentar sus argumentos por los cuales la suspensión de la nueva ley deja en vigencia la norma anterior de la dictadura militar, que limita la libertad de expresión. La ley de Radiodifusión de 1980, expresaron, impide el acceso a licencias a entidades sin fines de lucro y afecta los derechos de los trabajadores de prensa y de los músicos independientes, porque la nueva ley garantiza cuotas de protección.

La presentación que se realizó ante la Corte también afirma que el proceso de discusión de la nueva normativa implicó “un debate democrático a través de diversas vías, como las audiencias públicas”, y resalta que el texto que se discutió en el Congreso incluyó más de veinte foros en todo el país por medio de los que se incorporaron más de doscientos aportes al texto original. Es por ello que las organizaciones argumentaron que la decisión de la Cámara Federal de Mendoza de impedir la implementación de la nueva Ley “resolvió bloquear” este proceso participativo.

El documento fue elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y cuenta ademas con el respaldo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, entre otras organizaciones.

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