Repudio ante el fallo de la Justicia tucumana

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudia el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, que convalidó la industria de la explotación sexual al absolver a los trece acusados por el secuestro y desaparición de María de los Ángeles Verón.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudia el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, que convalidó la industria de la explotación sexual al absolver a los trece acusados por el secuestro y desaparición de María de los Ángeles Verón.

Se trata de una medida que contribuye a la negación de la violencia, la  invisibilización del secuestro, la tortura y los delitos sexuales más aberrantes, y hasta la muerte. De esta manera se ratifica el funcionamiento de un sistema delictivo sostenido en el patriarcado, que dibuja redes delictivas poderosas a lo largo y ancho del país. 

El fallo niega el dolor de las testigos que vivieron el infierno desde adentro; las pruebas, las escuchas, no fueron valoradas por la justicia que una vez más deja libres de culpa y cargo a los victimarios.

La legitimidad otorgada por este fallo reciente al delito de la trata contra las mujeres ratificará sin dudas otros delitos contra las mujeres pobres de la Argentina, de ahí la decisión de esta organización sindical de rechazar sus términos, de exigir justicia y sostener el compromiso de seguir trabajando para que no se naturalice la esclavitud sexual y la prostitución. 

Sostenemos y promovemos coberturas en el marco de los derechos humanos, recordando la existencia de la Ley contra la Trata de Personas, que penaliza este delito. 

Asimismo, ratificamos nuestra determinación de respaldar la lucha de Susana Trimarco y Micaela, la hija de Marita. Reclamamos justicia para todas las mujeres víctimas de la trata de personas. 

De igual manera, la FATPREN impulsará y respaldará una profunda democratización del Poder Judicial en todos sus niveles, que termine con los privilegios de una casta que se perpetúa a sí misma y, de ser necesario, una reforma constitucional que incorpore -entre otros elementos- principios de control popular sobre los jueces, para terminar definitivamente con la impunidad en nuestro país.

 

12-12-2012

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