Uruguay: Avanza el proceso de concentración de medios

La organización uruguaya Grupo Medios y Sociedad (GMS) reiteró sus denuncias sobre la conformación en ese país de un conglomerado de medios propiedad del empresario mexicano Remigio Ángel González, que viola la legislación local y atenta contra los estándares internacionales de libertad de expresión.

La organización uruguaya Grupo Medios y Sociedad (GMS) reiteró sus denuncias sobre la conformación en ese país de un conglomerado de medios propiedad del empresario mexicano Remigio Ángel González, que viola la legislación local y atenta contra los estándares internacionales de libertad de expresión.

Según informó GSM, en 2009 presentó una denuncia en la que daban cuenta de que el empresario mediático -conocido como «el fantasma»- había tomado el control de las radios pertenecientes al ex Grupo Sarandí y al ex Grupo del Plata, con lo cual se violaba la prohibición de que extranjeros sean titulares de frecuencias de radio y televisión, y se superaba el límite de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión (OM-AM-TV) y de más tres frecuencias en total en todas las bandas.

Asimismo, la organización denunció que el ministro de Industria Kreimerman archivó un expediente donde se investigaban esas presuntas irregularidades y que se reunió con González mientras la investigación aún estaba en curso.

Las consecuencias de la concentración mediática, señaló GSM, se reflejó en despidos en las emisoras, y en la homogeneización del discurso, a partir de la repetición en diversas radios del interior de la programación de sus cabeceras en Montevideo.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), a través de su vicepresidente Gustavo Granero, rechazó la situación de concentración que está ocurriendo en la República Oriental del Uruguay, y recalcó que «en todos los países que hemos visitado de la región hemos venido advirtiendo sobre cómo grupos mediáticos, como mascarón de proa de los capitales financieros especulativos, desembarcan en nuestros países para adquirir medios que les permita uniformar la información y el discurso a nivel regional».

Granero añadió que «todos los días vemos en nuestros países los ataques que esos medios concentrados realizan contra los gobiernos nacionales y populares de la región, en busca de minar la estabilidad democrática y recuperar los privilegios que el establishment económico gozó durante las décadas en que el neoliberalismo se había impuesto en América Latina».

«La concentración mediática no sólo ataca la identidad cultural de nuestros territorios», agregó el dirigente sindical, «sino que también implica la destrucción de puestos de trabajo y la precarización de miles de trabajadores y trabajadoras de prensa».

Por último, el vicepresidente de la FIP aseguró que «desde la Federación Internacional de Periodistas y todas sus organizaciones afiliadas, denunciaremos cada intento de silenciar las voces de los intereses populares y lucharemos para defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras a condiciones dignas de trabajo, y el Derecho a la Información de los pueblos de nuestros países».

 

01-11-2012

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