Defendemos los medios públicos porque defendemos la democracia

Decimos SÍ al rol social de los medios públicos y NO a las sociedades anónimas

En el día de hoy, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que representa una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones y pretende entregar la soberanía nacional. Desde FATPREN nos declaramos en Estado de Alerta y Movilización, y construiremos junto a las centrales sindicales y el movimiento obrero un plan de acción en defensa de nuestros derechos.

En lo referente a las las empresas del Estado, entre ellas Telam, Radio y Televisión Argentina (Radio Nacional y Televisión Pública) y Contenidos Públicos, establece que pasan a ser sociedades anónimas.

Este decreto, en lo que respecta a Telam, Radio y Televisión Argentina (Radio Nacional y Televisión Pública) y Contenidos Públicos no tiene validez jurídica por diversas razones: de manera general, por cuanto no existe razón objetiva que justifique la urgencia por la que se evita el trámite legislativo correspondiente, especialmente cuando las propias manifestaciones del gobierno nacional indican que se convocará de inmediato a Sesiones Extraordinarias del Congreso; porque expresamente la Ley 20.705, estableció el carácter de sociedades del Estado, lo que impone la intervención legislativa para cualquier modificación sobre dicho estatus; y en particular respecto de RTA por cuanto la ley 26.522 establece su régimen jurídico.

En consecuencia no cumplidos los recaudos que exige el art. 99 inciso 3ro. de la Constitución Nacional, al no verificarse circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y en tanto el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, el decreto adolece de nulidad absoluta e insanable.

Amén de ello, en ningún caso la función pública que cumplen los medios públicos puede ser reemplazada por sociedades comerciales fundadas en el lucro y el negocio, incompatibles con el Derecho Fundamental a la libertad de expresión y comunicación contenido en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La actividad de los medios públicos es insustituible e indelegable y tienen la protección del sistema constitucional de derecho, como el trabajo de quienes desempeñan tareas en estas empresas, con derecho a la estabilidad.

Por último, ninguna situación de emergencia económica puede motivar esta decisión con carácter de urgente cuando los medios públicos representan el 0,017% del PBI. Por eso decimos que esta decisión tiene un carácter ideológico, político y simbólico, con el que La Libertad Avanza pretende arrogarse una supuesta política de reducción del Estado hacia su núcleo duro, para evitar discutir los verdaderos problemas que tiene nuestro país, la desigual distribución del ingreso, que produce niveles de pobreza que en los próximos meses crecerá como nunca en nuestra historia, como consecuencia de sus políticas económicas.

Además de ilegal e ilegítima, esta decisión ataca el derecho a la información que garantizan los medios públicos en todas las sociedades democráticas, en distintos lugares del mundo, bajo gobiernos de los mas diversos signos políticos. Por lo tanto, representaría un retroceso para nuestro país en materia de derechos a 40 años de democracia. En todas las provincias velaremos para que las y los representantes legislativos no traicionen la historia de nuestro pueblo.

Los medios públicos garantizan libertad de expresión, pluralidad y diversidad de voces en la agenda mediática, acceso a temas de interés público de manera gratuita, federalismo y son una herramienta para nivelar la concentración que existe en el ecosistema de medios de la República Argentina.

Por eso vamos a defenderlos, con su carácter actual, como sociedades del Estado, y realizaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance, en unidad con todos los sindicatos de la comunicación y del Estado, y todos los sectores de la sociedad que defienden la libertad de expresión y la democracia.