En diciembre, el gobierno nacional concretó el vaciamiento de la Defensoría del Público: despidió a casi 100 personas y no están claras sus funciones futuras.
La defensoría, un organismo clave en la defensa de los derechos de las audiencias, y modelo a nivel global, está desde agosto intervenido ilegalmente, pasando por alto al Congreso Nacional y a la Bicameral. Su paralización deteriora las posibilidades de construir una comunicación plural y democrática, para lo cual fue creada.
Exigimos el cese del vaciamiento y defendemos todos los puestos de trabajo.