Río Cuarto: Una jueza falló contra los derechos sindicales de un dirigente de prensa

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) se suma al rechazo manifestado por la la seccional Río Cuarto del Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba (CISPREN) hacia la resolución judicial que excluyó de la tutela sindical al titular del gremio, Angel Ludueña, favoreciendo un pedido en ese sentido de la patronal del diario El Puntal de esa ciudad.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) se suma al rechazo manifestado por la la seccional Río Cuarto del Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba (CISPREN) hacia la resolución judicial que excluyó de la tutela sindical al titular del gremio, Angel Ludueña, favoreciendo un pedido en ese sentido de la patronal del diario El Puntal de esa ciudad.

«Nos solidarizamos con nuestro compañero secretario General del sindicato ante el fallo avasallante de los derechos de los gremialistas, dictado por la jueza  María Angélica Vivas de Sassi», aseguraron desde la entidad sindical cordobesa Víctor Beccaria, Carlo Salduvino, Esteban Liendo, Javier Lucero y Marta Maezo en un comunicado. 

La resolución, pronunciada el 5 de abril pasado por la Jueza de Conciliación de 1ª Nominación, de Río Cuarto, ya fue apelada por el propio Ludueña, así como por el CISPREN, en la convicción de que «constituye una clara violación a la actividad sindical contemplada por la Constitución Nacional».

En la resolución, la magistrada también rechazó la querella por práctica antisindical y acción por práctica discriminatoria promovida por la organización gremial en contra de la Editorial Fundamento S.A., propietaria del diario El Puntal.Como consecuencia de los recursos de apelación planteados, ahora tendrá que expedirse la Cámara del Trabajo de Río Cuarto, ciudad ubicada a 216 kilómetros de la capital cordobesa.

Por medio de la resolución, la magistrada hizo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical, promovida por Carlos Enrique Gamond, en su carácter de representante de la Editorial Fundamento S.A. (propietaria del diario El Puntal), contra Ludueña. De acuerdo con el CISPREN, la acción de la patronal periodística comenzó en 2003 «ante la posición firme del periodista Ludueña, en defensa del Convenio Colectivo de Trabajo y del Estatuto del Periodista Profesional».

Tales normativas, según los dirigentes cordobeses, «no contemplan entre las tareas del periodista la obligación de diagramar, tomar imágenes fotográficas, videos o televisivas, manejar consolas de radio u otras tareas específicas para las que hay personal que está contemplado en otras figuras laborales (diagramador, fotógrafo, camarógrafo y radio operador, por ejemplo)». 

De acuerdo con el sindicato, ante «el avance flexibilizador y de precarización laboral del diario El Puntal, a través de su director, para desmantelar la sección Diagramación, en la cual trabajaban tres personas y ahora queda sólo una», Ludueña «encabezó férreamente, desde ese momento, la defensa de los puestos de trabajo».

Asimismo, los dirigentes del CISPREN manifestaron que «llama la atención y lastima la confianza en la Justicia la decisión de la jueza dado que, después de varios años de haber estado dormida la causa en su despacho», dictó la resolución. 

De acuerdo con los sindicalistas, la resolución fue pronunciada «en medio de inspecciones gremiales que realiza el Cispren a radios que tienen personal no registrado –una de las cuales forma parte del holding local que tiene a los titulares de Puntal como propietarios- y justo en la apertura de la discusión paritaria para el año 2013».

«Condenamos el fallo, que da lugar a la intención empresarial de despedir, por la mitad del costo que corresponde, a un trabajador-sindicalista, y apoyamos al compañero Ludueña en su lucha por revertir esta injusticia contra la actividad gremial», concluyeron los dirigentes del CISPREN.

La FATPREN manifiesta su más enérgico repudio frente a tales prácticas antisindicales, y a la precarización laboral de los trabajadores de prensa a lo largo y a lo ancho del país, al tiempo que demanda de las autoridades judiciales y laborales las debidas garantías de que los empresarios del sector cumplan en un todo con la legislación vigente y los derechos laborales amparados por la Constitución Nacional.

 

14-05-2013

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