Un Atentado a la Democracia – DNU 267/15

El aval que destruye la Ley de Medios y los 21 puntos para una Comunicación Democrática

Frank La Rue, abogado especialista en derecho laboral y de los derechos humanos que se desempeñó como Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión (2008/2014), dijo a la agencia Telam en octubre del 2012: “Es una muy buena ley. Creo que es importante como modelo para América Latina y el mundo entero…”.

Breve historia de la Ley. La necesidad de derogar la Ley de Radiodifusión promulgada bajo la última dictadura militar y se manifestó desde 1983, con el retorno a la democracia. Sin embargo, debió pasar mucho tiempo hasta que, en 2004, se inició la elaboración de los 21 puntos para una Comunicación Democrática, impulsada por la Coalición por una Comunicación Democrática, que está integrada por múltiples organizaciones sociales, medios comunitarios, sindicatos de prensa, trabajadores de prensa, agrupaciones políticas y ciudadanos y ciudadanas.
25 años después, de la recuperación democrática, en 2008 un proyecto de ley es puesto a discusión en 2008 y luego de 24 audiencias públicas ingresó en el Congreso donde fue modificado. Finalmente, en octubre de 2009 se sancionó la Ley de 26.522, Ley de “Servicios de Comunicación Audiovisual” que comenzó a aplicarse en 2010 y fue bloqueada por el grupo empresarial Clarín mediante recursos judiciales, hasta el 29 de octubre del 2013 cuando la Corte Suprema de la Nación declaró su constitucionalidad.
El fallo decía lo siguiente: «Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes». Y agrega que la ley es coherente «con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información».
Es decir que la ley fue una construcción social en primera instancia, promovida luego por el Poder Ejecutivo, discutida en audiencias públicas, modificada y aprobada por el Poder Legislativo y además refrendada por el Poder Judicial.
Ésta historia contradice a Raúl Pérez, representante del Frente Renovador en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que justificó, no sin cinismo, el apoyo de su bloque al DNU porque abre la discusión a una nueva Ley de Medios, al considerar que la vigente tuvo “escaso consenso interno en este Parlamento”. 

Frank La Rue dijo también, en la entrevista con Telam de 2012: “Nosotros en América Latina permitimos, creo yo, históricamente que se sobre-comercializara las comunicaciones y que sólo se vean bajo la óptica comercial. Creo que los medios comerciales han jugado un papel importante y tienen un rol que jugar pero no debe ser la única perspectiva. Tienen que haber medios comunitarios especialmente en pueblos indígenas, donde hay multiplicidad de cultura, de idiomas, de expresiones culturales que las comunidades quieren reproducir y preservar. Y además tienen que protegerse los medios públicos como un servicio no lucrativo, educativo, cultural, informativo para la nación”
El DNU 267/15. Graciana Peñafort, abogada y redactora de la Ley de Medios, entrevistada por Ailín Bullentini en Página 12 afirma que “en general, el DNU suprime todo tipo de control del Estado y de la ciudadanía en materia de medios de comunicación. Deja sin efecto los límites a la concentración, anula las herramientas antimonopólicas de la ley”.
Y prosigue, “hasta antes de este decreto, un licenciatario podía tener hasta 10 licencias con uso de espectro. El DNU permite 15… Pero además de esto hay otra cosa gravísima: la LSCA establece audiencias públicas para la renovación de licencias. El DNU aplica la renovación de licencias automática, anulando la participación ciudadana. Están sacando al público, a las audiencias, su posibilidad de participar”.
Además el nuevo organismo ENACOM que reemplaza y fusiona AFSCA y AFTIC, plantea grandes arbitrariedades: el nombramiento de directores se prevé de forma directa. De los 7 directores con los que contará el organismo, cuatro serán designados por el Poder Ejecutivo, mientras que los tres restantes, que corresponden a la primera, segunda y tercera minoría los designará el congreso. Pero, siempre hay un pero y letra chica, el Ejecutivo puede disponer de la remoción “en forma directa y sin ninguna expresión de causa” de la totalidad de los directores.
El nuevo decreto establece además “el mantenimiento de las competencias asignadas al ministerio de Comunicaciones” comprendiendo toda decisión y políticas sectoriales. Se eliminan así los directores provinciales o sectoriales y se suprimen los Consejos Federales.
A partir de la creación del ENACOM, todas las licencias de comunicación audiovisual se prorrogarán automáticamente por 5 años y se sacan las prórrogas a 10 años volviéndose ilimitadas. Las transferencias de licencias y participaciones accionarias de los servicios audiovisuales, así como de telecomunicaciones, se considerarán aprobadas en forma tácita a los noventa días de informadas.

Proseguía La Rue en la entrevista con Télam: “En gran parte de América Latina existe una concentración progresiva de medios y especialmente, como digo, en el tema de la televisión, yo creo que eso daña mucho al país. Y siempre pongo el ejemplo de Berlusconi en Italia donde la concentración de medios de comunicación llevó a la concentración del poder político real, lo cual es un atentado a la democracia. Yo creo que no solo viola esa libertad de expresión de los pueblos sino además viola principios democráticos de ejercicio del poder, porque obviamente le da privilegios a quienes manejan los medios”.
El Poder Real. La concentración de medios en la Argentina dejó dos huellas indelebles. El silencio sepulcral y apoyo de la última dictadura militar por un lado; y la muy redituable complicidad de los noventa, por otra.
Hoy luego de casi cuatro meses de gobierno se ven amenazadas miles de fuentes laborales en muchos medios, otros han cerrado, incluso el Estado ha clausurado medios públicos como Infoju y varias emisoras municipales, cuatro radios de gran audiencia en el país no pagan sus sueldos hace meses o lo hacen en cuotas, se han producido despedidos polémicos en Radio Nacional y la TV Pública, algunos que han adquirido conocimiento internacional y con clara persecución ideológica.
Pero ahí no termina. Anoche nos enterábamos que por la presión judicial ejercida desde Supercanal SA desde Mendoza, el Canal EnTV de Viedma que había concursado ante el AFSCA su licencia hoy se privado del AIRE por presiones e intereses económicos. Caso muy similar a lo vivido por Antena Negra.
Hacer una votación a mano alzada para que no figuren los nombres es, tal vez, el mejor ejemplo de la política comunicacional que tienen planeada para el pueblo.

Por todo lo enumerado la FATPREN repudia el aval al decreto 267/15 que reforma la ley 26.522 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual más conocida como “Ley de Medios” . Exigimos audiencias públicas con los foros, sindicatos, federaciones de prensa, radio y televisión. Exigimos se discuta en las Facultades de Comunicación de todo el país. Porque el derecho a ser informadx, porque el derecho a ser escuchadx, porque la libertad de expresión reside en cada unx de nosotrxs y no en las empresas de medios.

 

Fuentes:
AudiovisualTelam, 15/10/12 (https://www.youtube.com/watch?v=OKyUd7rfXvE)
Revista Fibra, 09/04/16 (http://revistafibra.info/se-valido-el-dnu-26715-que-crea-enacom/)
Pagina/12, 05/01/16 (www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289604-2016-01-05.html)
La Nación, 29/10/13 (www.lanacion.com.ar/1633615-la-corte-suprema-declaro-constitucional-la-ley-de-medios

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